De acuerdo al oficio 028-18 del Ministerio para el Ecosocialismo , (Minec) la mandataria tachirense Laidy Gómez, fue notificada que será sometida a averiguaciones por supuestas irregularidades en cuanto al funcionamiento del vertedero de San Josecito, pero principalmente, por haber recuperado -mediante un decreto- la competencia que hace un año el ex gobernador Vielma Mora otorgó de manera violatoria al alcalde del municipio Torbes, Roberto Lobo.
En junio pasado, Gómez, a través de la Procuraduría General del Estado, denunció una serie de hechos criminales que impedían el correcto ejercicio del basurero a cielo abierto, y eso fue lo que la motivó a asumir, dos meses antes, la responsabilidad del manejo para la disposición final de los residuos y desechos sólidos en 10 municipios que integran la mancomunidad del Táchira.
Las irregularidades que aparentemente ejecutaba el alcalde Lobo comenzaron a ser notadas en abril, debido a que causaron el cierre continuo del vertedero durante seis semanas sin generar consecuencias legales.
Desde esa fecha la Gobernación del Táchira retomó la administración del espacio, pero no fue sino hasta junio que se hicieron las denuncias formales de cobro ilegal a empresarios para la recolección de sus desechos.
Para asumir el proceso legal la gobernadora designó un poder especial al procurador general del estado, Julio César Hernández, quien ya inició el protocolo en respuesta a la notificación del ministerio.
Buscar soluciones
En respuesta a la situación de emergencia sanitaria y ante la demanda impuesta por el organismo nacional, Laidy Gómez, coordinó para que la máquina que se encarga de extraer la materia prima para producir el asfalto frío que es destinado a los planes de bacheo en la ciudad, fuera para el despeje de los patios internos del vertedero y así habilitar el principal depósito de desechos sólidos de la región.
“Se tendrá que suspender el plan de asfaltado que se desarrollaba en el estado para usar la maquinaria únicamente en la limpieza de la vía que conduce a los patios del vertedero. Tenemos que paralizar un proyecto que iba en beneficio de la comunidad para poder resolver esta contingencia”.
Condenó el proceder del Ejecutivo nacional en contra de su gestión, asegurando que no han enviado ni recursos, ni camiones para la recolección de los desechos, ni han ejecutado ninguna acción para resolver el problema. “Me abren un procedimiento por la basura y no envían ni un centavo para solucionar el problema con el vertedero”.
La conclusión a la que llega la gobernadora del Táchira es que será sometida a este procedimiento únicamente que por retaliación política, ya que considera que no tiene razón de ser, porque hasta la fecha, no ha sido presentado ningún expediente en contra de quienes sí orquestaban eventos hamponiles, como el caso del mencionado alcalde del municipio Torbes, que fue denunciado por ella meses atrás.
“Por qué se aplica un procedimiento administrativo a mi gestión y no al ex mandatario regional ni tampoco al alcalde de Torbes, cuando en el mismo auto de proceder, el Ministerio reconoce que yo le quité el vertedero al alcalde por anomalías en su administración, por cobros ilícitos y actividades delincuenciales que aplican para sanciones penales”.
Con información de El Estímulo
