Unas 76 personas son procesadas judicialmente acusadas por los destrozos registrados en dependencias estatales en Santa Cruz, la mayor región boliviana, en medio de las protestas contra la detención del gobernador opositor, Luis Fernando Camacho, informó este miércoles una fuente oficial.
El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, detalló a los medios que hasta el momento hay 24 personas sentenciadas, 22 aprehendidos a la espera de audiencias cautelares, 14 con detención preventiva y 16 con medidas sustitutivas.
«En total estamos hablando de 76 personas que fueron aprehendidas y arrestadas en flagrancia por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado, instigación pública a delinquir, entre otros», manifestó.
Según Del Castillo, estas personas «están involucradas» en el incendio en el edificio de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y los «ataques» contra las instalaciones del Comando Departamental de la Policía y la casa del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, entre otros sucesos posteriores a la detención de Camacho.
También indicó que se han «secuestrado» diez vehículos que supuestamente eran usados por «grupos radicales e irregulares» para cometer los «delitos» señalados.
Detalló además que 27 infraestructuras públicas y privadas fueron dañadas, 44 vehículos destruidos y 26 policías resultaron heridos durante los enfrentamientos con los manifestantes.
Del Castillo advirtió de que «ninguno de estos hechos van a quedar en la impunidad» y manifestó que «las instituciones públicas no tienen la culpa» de que Camacho «no se hubiera presentado» a declarar oportunamente dentro del proceso que se le sigue por la crisis de 2019.
Defensa a policías
Además defendió la actuación policial frente las protestas en Santa Cruz que ha sido criticada por los líderes políticos y ciudadanos de esa región que denunciaron excesos cometidos por los uniformados, incluso contra periodistas que cubrían las protestas.
Según Del Castillo, la Policía Boliviana está «usando la fuerza necesaria» y su actividad se enmarca en las normas internacionales sobre derechos humanos «y bajo los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego» que son la legalidad, necesidad y proporcionalidad.
La autoridad insistió en que los uniformados respondieron con gases lacrimógenos a los ataques de sectores «radicales» y para evitar más daños a la propiedad pública.
También aseguró que se ha pedido investigar las denuncias de excesos policiales que, dijo, son aisladas.
Acusaciones
Del Castillo hizo una amplia exposición para justificar el encarcelamiento de Camacho, a quien la Fiscalía acusó de terrorismo dentro del proceso por el caso «golpe de Estado I» relacionado con la crisis política de 2019.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un «golpe de Estado» en contra del entonces presidente Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en la renuncia del mandatario fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
Del Castillo acusó a Camacho de haber financiado el supuesto golpe y mencionó que el proceso en su contra se basa en 33 «elementos probatorios», por lo que negó que se trate de una «persecución política».
Además aseguró que la salud del gobernador cruceño es «estable» y que se han dado las condiciones para que se trate en prisión la enfermedad que afecta a sus vasos sanguíneos.
Camacho fue detenido hace una semana en un cuestionado operativo policial y un juez cautelar dispuso su detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano paceño.
Los movimientos cívicos bolivianos convocaron a una jornada nacional de protesta el próximo 10 de enero por los encarcelamientos de líderes opositores como Camacho. EFE
