La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela pidió este lunes poner fin a la “feroz represión” e investigar a fondo la “avalancha de graves violaciones a los derechos humanos” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El grupo, creado por la Organización de Naciones Unidas, constató al menos 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, hasta el 8 de agosto, en el contexto de las protestas contra el cuestionado resultado electoral que dio la victoria al presidente Nicolás Maduro.
Del total, en 18 casos las víctimas mortales fueron hombres de menos de 30 años, agregó.
“Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión en un comunicado.
Detenidos
La Misión también cifró en al menos mil 260 las personas detenidas, entre ellas 160 mujeres. La mayoría de los arrestos se produjeron en el Distrito Capital (18%), seguido de los estados de Carabobo (16%) y Anzoátegui (9%), precisó.
La cantidad de detenidos asciende a 2 mil 200, de acuerdo a datos del fiscal general Tarek William Saab. Denunció la misión que el Ministerio Público califica de manera indiscriminada como “terroristas” a las personas arrestadas.
El comunicado indica que existen elementos comunes en estos arrestos, que los convierten en detenciones arbitrarias y constituyen graves violaciones al debido proceso.
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Entre estos elementos se incluyen audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar; y la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada.
Asimismo, la negación de información a familiares o información tardía e incompleta; y los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas.
“Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato”, insistió Patricia Tappatá, experta de la Misión en el comunicado.
“Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención, usando los canales formales para comunicarse con los familiares”.
El grupo de la Naciones Unidas indicó que muchas de estas detenciones ocurrieron después de que las personas participaran en protestas o expresaran sus opiniones en redes sociales, cuando las autoridades las fueron a buscar selectivamente en sus casas.
Menores de edad
La Misión de la ONU también expresó su preocupación por la detención de más de 100 niños, niñas y adolescentes, quienes fueron imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas.
Además, los menores de edad no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales
“La Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”, señaló Francisco Cox, experto de la Misión.
