La constituyente ha propiciado que se persigan a ciudadanos que no esten de acuerdo con el mandato del presidente de la República. Foto (Archivo).

El abogado defensor de los Derechos Humanos (DDHH) Rafael Narváez, afirmó que la Asamblea Nacional Constituyente ha sido un paredón judicial con el que se ha insistido en la disidencia política, y que además acabó con la separación de los Poderes Públicos en el país.

Por tanto, Narváez alertó que a pesar del anuncio del cese de actividades de esta instancia en el venidero mes de diciembre, las consecuencias de la actuación de la constituyente seguirán manifestándose en un futuro cercano.

“Esta instancia creada por el Ejecutivo y avalada por el máximo tribunal de la República, deja profundas heridas difíciles de sanar a los ciudadanos venezolanos, a nuestra Constitución y a los derechos humanos en nuestro país”, comentó.

Del mismo modo, alegó que mientras la Asamblea Constituyente fue convocada por el Ejecutivo, a diferencia de lo que establece la Constitución, el Parlamento fue producto de la expresión de la soberanía popular, a través del voto directo y secreto. Instrumento sagrado para dirimir los conflictos en una democracia.

“El despojar a la AN de las facultades, competencia, atribuciones de legislar y de control establecidas en nuestra Constitución, indica que el objetivo no era la elaboración de una nueva Carta Magna, sino, la de invadir los espacios de la AN”, aseveró.

El abogado recalcó que, la constituyente inició la persecución implacable de más de 30 diputados, allanando su inmunidad parlamentaria. Constitucionalmente, esta acción solo le compete al Poder Legislativo, para luego ordenar a los cuerpos represivos buscarlos, detenerlos y recluirlos en los calabozos del Sebin, Dgcim, Ramo Verde y Fuerte Tiuna.

“En esos calabozos, los representantes electos por el pueblo han sido víctimas de torturas, tratos inhumanos y degradantes, otros enviados al destierro y la mayoría tuvo que huir a otros países. La asamblea constituyente aprueba el presupuesto, legisla, nombra titulares de los Poderes Públicos, juramenta a gobernadores, todo lo cual dinamitó la separación de poderes, cuya autonomía e independencia quedó socavada”, destacó el defensor de los derechos humanos.

Mencionó que, sin duda alguna, Venezuela ha estado en presencia de un verdadero paredón judicial contra la alianza opositora, el cual no contó con el derecho a la defensa ni con la presunción de inocencia.

“Esta instancia no quedó satisfecha con toda la vulneración de los DDHH. La asamblea aprobó una ley contra el delito de odio, algo que permitió al Estado perseguir y condenar a todo ciudadano que exprese descontento e inconformidad contra la profunda crisis de salud que vive el país”, reiteró.

Finalmente, agregó que la decisión por parte del Estado, de anunciar la fecha de extinción de la ANC, no borrará la violación sistemática de DDHH y el entierro de la separación de poderes en Venezuela.

Con información de Derechos Civiles.




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