El Gobierno nacional inició un proceso de persecución política contra la diputada Neidy Rosal, y una vez cesadas sus funciones como parlamentaria ante el Consejo Legislativo del estado Carabobo, fue inhabilitada por la Contraloría General de la Republica por un período de 3 años

Así se desprende de la resolución 01.00-000393 de fecha 26 de junio del año 2017. “Me persigue y violan mis derechos fundamentales de participación política, porque ya no cuento con la inmunidad parlamentaria que se necesita para protegerme de los desmanes de este gobierno. Esto es en represalia por los hechos de corrupción denunciados ante los distintos órganos del estado”

Rosal destacó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la nulidad absoluta de la Ley Orgánica de Emolumentos de los altos funcionarios del Poder Público por razones de inconstitucionalidad”, decisión reflejada en la sentencia N° 686 del pasado 14 de Agosto. “Se me pretende inhabilitar basados en una ley que fue anulada por  el propio TSJ, lo que evidencia que no encuentran de donde agarrarse para coartar mis derechos de participación política”.

La ex parlamentaria resaltó que en el año 2008 fue electa como concejal por el circuito 5 que comprende los municipios Naguanagua y San Diego. Cesó funciones en el año 2009 para incorporarse al Parlamento Regional, donde fue ratificada en el año 2012 como la legisladora más votada en el estado Carabobo, instancia que le permitió abocarse a buscar soluciones a los problemas que aquejaban a los carabobeños.

Según Rosal, el Gobierno inició una maniobra de acoso, amedrentamiento y persecución al liderazgo de la mujer para coartar su participación en asuntos políticos. “Existe una retaliación por el trabajo realizado en contra de la corrupción y violación de los derechos humanos fundamentales”.

Rosal alerta que empieza a tejerse una rama en su contra de su persona, por ello  interpuso una denuncia ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo de fecha 31 de mayo del año 2018, por la evidente violación de los derechos humanos  fundamentales. Allí detalló todas sus actuaciones ante los hechos de corrupción, destacando los problemas eléctricos; el caso PDVAL con sendas denuncias ante el Ministerio Publico y que representa un escándalo de magnitud internacional por la pérdida de toneladas de comida. También incluyó la solicitud de protección a la familia como núcleo de la sociedad y la nulidad con amparo constitucional de la Resolución 058 (Consejos Educativos).

También están las denuncias por los casos de la Colección Bicentenario, la implementación del Plan Zamora, consistente en la aplicación de justicia militar a civiles que se encontraban en protestas de calle en distintas ciudades de Venezuela en 2017, el acompañamiento a los familiares del trágico motín e incendio en los calabozos de PoliCarabobo donde 66 reos perdieron la vida.

La dirigente aseguró que todas estas denuncias fueron interpuestas ante los distintos órganos del Estado dentro de sus  funciones como parlamentaria y que siempre han buscado combatir la corrupción y defender derechos humanos fundamentales como la libertad, derecho a alimentación sana y balanceada  y a la educación sin ideologización. “Por ello se me persigue políticamente y se me discrimina. En vez de investigar al denunciado se acosa al denunciante a través de la inhabilitación, discriminación y cercenando derechos políticos en represalia” .

Nota de prensa




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