Oenegés ilegalizadas denuncian el despojo de sus instalaciones en Nicaragua

Un grupo de ONG ilegalizadas, entre ellas la organización feminista La Corriente, denunciaron este viernes el «despojo» de sus instalaciones, en Managua, por parte del Gobierno del presidente Daniel Ortega.

«La Corriente denuncia ante la ciudadanía nicaragüense y la comunidad internacional que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el día de hoy, 8 de julio, acaba de concretar el despojo del local propiedad de nuestra asociación», informó esa organización en una declaración pública.

Horas antes de la denuncia las integrantes de La Corriente habían avisado que la sede estaba rodeada de policías.

La denuncia sobre la acción gubernamental, que no han comentado las autoridades, ocurre dos meses después de que la Asamblea Nacional (Parlamento), bajo el control de los sandinistas, cancelara la personalidad jurídica de La Corriente y decenas de ONG, a petición del Gobierno de Ortega.

«A todas luces la cancelación de nuestra personalidad jurídica y la toma de nuestras instalaciones es un acto ilegal que atenta contra la libertad de asociación contenida de la Constitución», señaló La Corriente, que por casi 30 años defendió los derechos de las mujeres y promovió los «valores democráticos».

Locales pasan a manos del estado

Una denuncia similar divulgaron hoy diferentes activistas sobre la sede de la ONG ambientalista Centro Humboldt, cuya personalidad jurídica quedó cancelada en marzo pasado, pero sus integrantes, que desde el cierre suelen informar en redes sociales, no se han pronunciado.

Organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) o Fundación Popol Na, corrieron la misma suerte tras resultar ilegalizadas y sus oficinas pasaron a dominio estatal sin previo aviso.

En Nicaragua, con el voto de los sandinistas, se han ilegalizado 858 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), de más de 6 mil existentes.

Estas medidas las promueve el Gobierno desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular –originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social– calificada como intento de golpe de Estado por el presidente Ortega.

Niegan ingreso a caravana

La Articulación de Movimientos Sociales (AMS), que aglutina a 60 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, conectó lo ocurrido en Managua con el intento de ingreso al país de organismos, activistas, diputados y políticos de la izquierda latinoamericana, desde territorio costarricense, para conocer la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

«Como una bestia herida, la dictadura de los Ortega Murillo acelera la confiscación del patrimonio de las ONG que brindaban servicios necesarios a la población a la ‘Caravana de la Comisión Internacional por la Vida y la Liberación de las presas y presos políticos de Nicaragua, en la que participaban movimientos sociales, activistas y diputados de izquierda de distintas procedencias», indicó la AMS.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica que inició en abril de 2018, con manifestaciones multitudinarias contra el Gobierno de Ortega que fueron reducidas con ataques armados que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron al menos 355 muertos, de los cuales el líder sandinista reconoce 200.

La crisis se agudizó con las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega y Murillo fueron reelegidos, con siete de sus potenciales contrincantes en la cárcel y dos en el exilio. EFE