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La Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana desarrolló en la tarde de este miércoles, un forochat donde la abogada Lilia Camejo, directora ejecutiva de esta institución y el doctor Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público, ahondaron sobre las irregularidades que supone el juzgamiento de militares activos en jurisdicción especial de terrorismo.

A juicio de Camejo, defensora de Derechos Humanos y especialista en justicia militar, se trata de un hecho que supone una grave violación al debido proceso, por ser la justicia penal militar el foro natural para juzgar a miembros del sector castrense que cometen delitos.

Por su parte, el jurista Mundaray advirtió que esto obedece más a, razones políticas que procesales. Señaló que los delitos de terrorismo se han convertido en “comodín” para juzgar a civiles y militares, sin sustento jurídico.

Sobre este tema, subrayó que quienes ejercen funciones de Estado apelan a llevar a los militares a la jurisdicción especial de terrorismo, debido a que el Código Orgánico de Justicia Militar limita las actuaciones penales contra los castrenses al territorio nacional e impide enjuiciar a militares, así como emitir alertas ante la Interpol y demás organismos internacionales.

En este sentido, el profesional del derecho agregó que hay informes de organismos internacionales donde se reconoce el uso de la jurisdicción militar para “condenar a unos y dar impunidad a otros” .

En el panel donde participaron abogados, estudiantes de derecho, ex presos politicos militares y oyentes de diversos países, Mundaray acotó que hoy son imprecisas y peligrosas las definiciones del delito de terrorismo en la respectiva ley venezolana.

Al respecto, el abogado supuso que toda esta política busca intimidar a la sociedad civil para evitar la protesta en el país.




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