«La dictadura de Daniel Ortega ha demostrado que quiere perpetuarse en el poder. Utilizando la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional este lunes aprobó la inverosímil «Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo», una ley que además de ser violatoria a los derechos ciudadanos, anula por completo la competencia política para las elecciones programadas para noviembre de 2021″, señaló ese grupo opositor.
«Ortega pretende cerrar las puertas a un proceso cívico y democrático, pese que estas elecciones de 2021, bajo reformas electorales y con condiciones habilitantes, están consideradas como un proceso clave para resolver la crisis sociopolítica que sufre nuestro país desde hace casi tres años», agregó.
La mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó este lunes con carácter urgente una ley que inhibirá las candidaturas de aquellos nicaragüenses que, entre otros, aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado y sus ciudadanos, que además se les considerará «traidores a la patria».
La «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz» resultó aprobada en una sesión extraordinaria con 70 votos de los sandinistas y sus aliados, promotores de la controvertida iniciativa, frente a 14 que votaron en contra y cinco abstenciones.
«Ortega teme perder el poder»
«Evidentemente la dictadura pretende sostenerse con las armas, utilizando a la Policía, el Ejército y los paramilitares como brazos opresores», denunció la Unidad Nacional, para el cual la nueva ley resulta «contradictoria con varios artículos consignados en nuestra Constitución Política».
A juicio de la Unidad Nacional, esa nueva ley, junto a la de agentes extranjeros, la especial de ciberdelitos y la que instaurará la prisión perpetua, promovida y aprobada recientemente por los sandinistas, «no representan más que el temor que tiene el régimen de resultar despojado del poder por la vía cívica y pacífica».
«La dictadura está acorralada y aislada internacionalmente», consideró la Unidad Nacional, que demandó la derogación de esas leyes.
Asimismo, anunció que han «activado mecanismos para informar y denunciar ante la comunidad internacional estas leyes que atentan incluso con el sistema democrático interamericano».
«Nos seguiremos organizando y preparándonos para cualquier escenario que permita una transición democrática, que restaure las libertades ciudadanas y permita que las presas y presos políticos se reúnan nuevamente con sus familias», añadió.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.EFE
