El Parlamento regional catalán debatirá el 13 de abril la candidatura del independentista Jordi Sánchez, en prisión preventiva, a presidente de la autonomía española de Cataluña, quien hace 20 días estaba dispuesto a renunciar a su condición de diputado y a dejar la política para quedar en libertad.
El presidente de la cámara, Roger Torrent (ERC, izquierda republicana independentista), firmó hoy el decreto de convocatoria del pleno de investidura, tras designar a Sánchez por segunda vez candidato después de las elecciones regionales del 21 de diciembre pasado.
Sánchez, procesado por rebelión, tendrá que pedir un permiso judicial para poder personarse en el debate y votación de investidura en el Parlamento catalán, en Barcelona, algo que ya le denegó el juez español del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena el 9 de marzo pasado, cuando fue candidato por vez primera.
Posteriormente, el 20 de marzo, Sánchez adujo ante el TS que renunciaría al escaño e incluso abandonaría la política para salir en libertad como argumentos de un recurso contra su encarcelamiento provisional.
Sánchez fue propuesto candidato por segunda vez después de que Torrent consultara a los grupos políticos del Parlamento regional, donde los independentistas son mayoría.
El candidato tuvo que renunciar en una primera ocasión al no contar con el permiso judicial citado, como también renunció provisionalmente el expresidente catalán Carles Puigdemont (Juntos por Cataluña, centroderecha independentista) al encontrarse en el extranjero huido de la Justicia española.
Un tercer candidato, Jordi Turull, tampoco pudo someterse a una segunda votación parlamentaria, perdió la primera, al ser también procesado y encarcelado en relación con el proceso independentista iniciado en Cataluña en 2017. Los tres pertenecen a la coalición electoral JXCat (centroderecha).
El juez Llarena procesó el 23 de marzo pasado a 25 líderes independentistas catalanes, 13 por rebelión, entre ellos Puigdmeont, Sánchez y Turull.
También dictó varias órdenes europeas de detención y entrega de los que habían huido de España, como Puigdmeont, detenido dos días más tarde en Alemania, y ahora en libertad provisional en ese país.
JXCat reactivó la candidatura de Sánchez al considerar que tiene una nueva oportunidad después de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU registrara una demanda que éste presentó por considerar que se vulneraban sus derechos al no concedérsele autorización judicial para presentarse a la elección como presidente regional.
El registro de la queja es un paso previo a la eventual admisibilidad de la demanda, que será estudiada en una fase posterior.
En un escrito del pasado 23 de marzo, dos de los 18 miembros del Comité de la ONU solicitaban a España que adoptara las medidas necesarias para garantizar que el señor Jordi Sánchez pueda ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).
Torrent envió a Llarena una carta en la que instó al Estado español a tomar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos políticos del candidato.
