Durante la audiencia realizada la tarde del miércoles en el tribunal 11 de control de Carabobo se tomó la decisión de privarlos de libertad y recluirlos en los calabozos de la subdelegación Las Acacias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
El 3 de julio, Rafael Lacava difundió en twitter un supuesto tuit de Uzcátegui ofreciendo en venta productos alimenticios. Se aseguraba que eran productos que el gobierno había entregado para el funcionamiento del comedor de la UC en el campus Bárbula.
Se conoció que las primeras investigaciones no permitieron vincular la oferta de productos de Uzcátegui con la marca de la comida entregada al comedor. Sin embargo fue citado en tres oportunidades al Cicpc, según fuentes vinculadas a la universidad, donde se le habría pedido que la oposición no presentara planchas para facilitar la victoria del oficialismo en las elecciones estudiantiles que se celebrarán el miércoles 14 de noviembre.
Pero para esta contienda hay plancha opositora y el proceso contra Uzcátegui y Bravo siguió. El fiscal 13, Aníbal Colmenares, imputó a los detenidos por agavillamiento y peculado doloso por estar presuntamente vinculados con la reventa de alimentos del comedor.
Siguiendo con este proceso, el tribunal decidió. Los mantendrá privados de libertad y recluidos en los calabozos del Cicpc en Las Acacias, donde pernoctan junto a delincuentes comunes desde el martes, cuando fueron sacados sin orden de aprehensión cerca de las 7:00 a.m.
En Las Acacias permanentemente hay presencia de estudiantes en respaldo a Uzcátegui y Bravo. Ellos aseguran que se trata de un hecho político, patentizado en el ataque persistente del gobernador Rafael Lacava contra las autoridades y dirigentes universitarias. Sentenciaron que participarán en el proceso electoral para impedir que «el oficialismo le ponga la mano a la UC y termine destruyéndola».En sus redes sociales, el gobernador Lacava ha lanzado una serie de acusaciones contra la rectora Jessy Divo y el secretario Pablo Aure. A ella se le impidió la salida del país en agosto, con argumentos poco precisos.El mandatario, además, ha lanzado una campaña ofensiva por las redes contra las autoridades, a las que llama bachaqueros. El secretario de Gobierno, Jesús Santander, ha puesto máximo empeño en difundir las acusaciones propias y de terceros en contra de Divo, Aure, Uzcátegui y Bravo.
