Los procuradores y fiscales generales, representantes de los ministerios públicos de 12 países manifestaron su profunda preocupación por las declaraciones expresadas públicamente en contra de la labor del Ministerio Público venezolano, a cargo de Luisa Ortega Díaz que en uso de sus facultades constitucionales y legales, investiga distintos hechos suscitados en el país desde abril.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay reafirmaron lo expresado en el comunicado de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) de fecha 6 de abril de 2017 y expresaron su convicción sobre el rol que deben cumplir los ministerios públicos para garantizar el Estado de Derecho, especialmente en momentos de convulsión social que ameritan la actuación de sus instituciones de justicia de forma oportuna, independiente y transparente para esclarecer todos los hechos que vulneren o pongan en riesgo bienes jurídicos superiores, como son la vida e integridad personal.
Para ellos es fundamental que se resguarde el rol constitucional del Ministerio Público venezolano y de todos los ministerios públicos en la administración de justicia, especialmente en relación a la salvaguarda de los derechos y garantías del debido proceso, así como su independencia y autonomía.
Les resulta imprescindible mantener irrestrictamente la titularidad del ejercicio de la acción penal en los ministerios públicos, como núcleo del sistema penal acusatorio adoptado tanto en Venezuela como en la mayor parte de los países iberoamericanos, cuyo modelo fortalece la vigencia del Estado de Derecho y el debido proceso.
Los países iberoamericanos rechazaron cualquier pretensión de llevar adelante reformas
legales, que impidan de cualquier modo al Ministerio Público ser autónomo e
independiente, y que por ende busquen afectar las investigaciones en curso.
Además repudiaron los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, los fiscales y demás funcionarios que integran el Ministerio Público.
