Confirmada la detención de la activista y defensora de #DDHH Rocío San Miguel. Consecuentes con nuestro mandato exigimos su inmediata libertad y denunciamos que este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos
— PROVEA (@_Provea) February 11, 2024
La activista y defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel, fue detenida confirmó la ONG Provea en la red social X (antes Twitter).
Desde el viernes se rumoraba sobre la presunta detención de San Miguel. Incluso Provea exigió conocer su paradero. Hoy se confirmó el hecho, lo cual originó el repudio de esta ONG.
Rocío San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano, detalló Provea en un tuit. «Su detención constituye un hecho MUY GRAVE que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas».
Detención de Rocío San Miguel
La abogada Rocío San Miguel es especialista en temas militares. Ella preside la ONG Control Ciudadano, una asociación civil cuyo objetivo es la supervisión de los ciudadanos en temas de seguridad nacional, de defensa y de las Fuerzas Armadas.
Según informó más temprano El Nacional, la detención de la experta en seguridad, que se habría concretado en el aeropuerto de Maiquetía, está relacionada con las investigaciones del gobierno sobre presuntas conspiraciones denunciadas por Nicolás Maduro el 15 de enero en la presentación de memoria y cuenta en la Asamblea Nacional.
Van 36 detenidos
Por estos hechos, hasta el 24 de enero, se contabilizaban 36 personas detenidas y 22 solicitadas, según informó el fiscal general, Tarek William Saab.
Entre los señalados por el gobierno de estar vinculados con estas conspiraciones figura la periodista Sebastiana Barráez, acusación que fue rechazada por el Colegio Nacional de Periodistas, ente que criticó que funcionarios de alto nivel de la Fiscalía y autoridades del Poder Judicial incumplen recomendaciones o protocolos de la ONU sobre abstenerse de seguir ejecutando mecanismos que atentan contra la libertad de expresión y el deber de investigar los delitos cometidos contra periodistas, dirigentes sindicales, estudiantiles, políticos y defensores de derechos humanos.
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