Marino Alvarado, miembro de la directiva de Provea, aseguró este jueves que la organización se niega “absolutamente” a revelarle información personal de sus beneficiarios al régimen de Nicolás Maduro tras nueva normativa que obliga a las ONG a registrarse ante la Oficina contra el terrorismo
“Desde Provea nos negamos absolutamente a dar cualquier nombre de cualquiera de nuestros beneficiarios, no lo vamos a hacer asumiendo los riesgos que haya que asumir”, indicó en entrevista con Román Lozinski, destacando que esto significaría “poner en riesgo a miles de personas”.
Además, el defensor de derechos humanos destacó que “no es solo por ética” que la ONG toma esta posición, “sino por responsabilidad frente a nuestros beneficiarios”. “Nosotros no vamos a hacer el papel de patriotas cooperantes de estar dándole al gobierno información que ponga en riesgo la libertad, la seguridad física e incluso la vida de los beneficiarios”, agregó.
Por último, Alvarado afirmó que esta nueva resolución de la dictadura es la “continuidad de un cerco a la organización de la sociedad civil, a quien cada vez se le va poniendo más trabas en su trabajo de beneficiar a los más desprotegidos de la población venezolana”.
