Por ese motivo, el grupo de derechos civiles instó a la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, a mantenerse firme en su intento de poner fin a este programa que obliga a los solicitantes de asilo a aguardar en México mientras se resuelve su pedido en Estados Unidos.
HRW cifra en más de 71.000 los solicitantes de asilo que han sido expulsados de EE.UU. y devueltos a México desde que entró en vigor este programa, instaurando por el ahora expresidente Donald Trump en febrero de 2019 como parte de su mano dura contra la inmigración, tanto la legal como la irregular.
El pasado martes, el Supremo estadounidense, de mayoría conservadora, ordenó revivir MPP, del que Biden suspendió las inscripciones en su primer día en la Casa Blanca, mientras no haya un fallo definitivo en un tribunal inferior.
Ante este panorama, el grupo lamentó que se haga esperar a los solicitantes de asilo en la peligrosa frontera mexicana.
No en vano, un estudio de la organización Human Rights First aseguraba esta semana que en lo que va del año se han registrado 6.356 informes de secuestros y otros ataques, incluidas denuncias de violación, trata de personas y asaltos armados violentos, contra solicitantes de asilo, incluidos niños, que fueron expulsados a México.
«La Administración Biden debería tomar las medidas legales necesarias para poner fin a una política fronteriza abusiva de la era Trump tras el fallo del Tribunal Supremo sobre MPP, que debería volver a entrar en vigor en menos de una semana”, dijo este jueves Human Rights Watch.
Para Ariana Sawyer, investigadora fronteriza de HRW, si se concreta este hecho se trataría de un «fiasco de derechos humanos que borraría el pequeño progreso» que ha logrado Biden en la frontera, por lo que su Gobierno debería «usar su autoridad» para poner fin a MPP y a «otras políticas antiasilo de la era Trump».
En opinión de este grupo, MPP agravó las «fallas existentes» del sistema de tribunales de inmigración de EE.UU., incluida la «falta de acceso a un abogado, las barreras para la representación legal, la falta de transparencia y las protecciones legales limitadas».
Una de las primeras medidas de la Administración Biden nada más llegar al poder en enero pasado fue revocar el programa y desde entonces dejó entrar al país a poco más de 13 mil personas que habían sido expulsadas previamente a México mientras avanzaba su pedido de asilo, según cifras de HRW.
«La Administración de Biden debería explorar el uso de subvenciones individualizadas de ‘libertad condicional humanitaria’, una acción permitida según la decisión de la corte federal, para continuar admitiendo a personas que anteriormente estaban sujetas al MPP», recomendó HRW.
El programa MPP requiere la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México, por lo que el grupo también criticó duramente este jueves al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de quien HRW dijo que comete el error de «callar» ante la decisión del Supremo estadounidense.
«El rechazo de López Obrador podría frenar esta abusiva política, pero él pareciera preferir la retórica de Cantinflas», dijo el director ejecutivo de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.
