En una carta dirigida a funcionarios de alto rango del gobierno nacional, así como a otras instituciones, trabajadores universitarios exponen las necesidades por la que están pasando por los bajos salarios que perciben. Entre otras cosas señalan que la paga que les asignaron atentan contra todos los derechos humanos. Sostienen que no pueden ejercer ni siquiera el derecho a la vida.

La misiva de cinco cuartillas fue dirigida al Ejecutivo Nacional, Asamblea Nacional, Consejo Nacional de Universidades, Ministerio para la Educación Universitaria y a la Oficina de Planificación del Sector Universitario. Tiene como remitente al personal docente, administrativo y obrero de la Universidad de Carabobo.

Esperamos una respuesta efectiva, de conformidad con los derechos constitucionales que nos asisten, dice la carta en parte final.

A continuación el contenido completo de la carta:

Quienes suscribimos, trabajadores de la Universidad de Carabobo, personal docente, administrativo y obrero, nos dirigimos a Uds. para ratificar el planteamiento que se hizo en Consejo Universitario de esta Universidad, motivado a solicitud de varios centenares de profesores. Reiteramos el pedimento y apoyamos la resolución que fuere remitida a Uds. por el Consejo Universitario referido.

Han transcurrido ya dos semanas desde su recepción, según lo que nos fuere informado. Estamos en cuenta que el Ejecutivo Nacional incrementó el salario mínimo a Bs. 400.000, oo, así como la cesta ticket a Bs. 400.000, oo. Las consideraciones sociológicas, económicas y jurídicas son conocidas por Uds.

Tenemos la formación y nivel cognoscitivo y profesional suficiente para producir un documento en lenguaje técnico, académico, con indicadores económicos y argumentos legales, propios de la experticia y profesionalización que nos caracteriza en cada área o especialidad; pero entendemos que eso tal parece que no resulta. Por ello el lenguaje empleado es básico, realista, irrefutable. Esta comunicación busca ser ilustrativa, aunque debemos presumir que Uds. igualmente conocen la realidad económica que padecemos y saben que no existe proporción entre los valores reales de la economía y la contraprestación que recibimos por el trabajo realizado.

No podemos comprender bajo ningún concepto que además se aprueben y asignen recursos mediante maqueta y disponibilidad presupuestaria y financiera para unos cargos que representan una diferencia de más de quince veces, entre autoridades y trabajadores con obligaciones administrativas, en relación con el salario de un docente con carrera, escalafón y dedicación, castigando la docencia, la investigación y la extensión que son la razón de ser de la universidad y dando prevalencia a la gestión administrativa, aun reconociendo, que constituye un apoyo para la gestión académica, no obstante, pensamos que se está discriminando sustancialmente el trabajo de profesores, empleados y obreros.

Tan solo en el año 2019, finales, devengábamos, por ejemplo, un profesor Titular a Dedicación Exclusiva alrededor 1.126.458,82 Bs. Que traducido en dólares significaba alrededor de 50 USD. Ello quiere decir que, en la actualidad, mayo 2020, estamos recibiendo alrededor del 49,5% menos del valor de la moneda de referencia que estamos utilizando en el ejemplo, para ese entonces.

Es un hecho irrefutable que los aumentos reiterados que anuncia el gobierno nacional no se ajustan al índice inflacionario existente en el país. Aun cuando cuantifiquen los aumentos, 15, 20, 30 veces, siempre estamos ganando muchísimo menos que lo que corresponde por ley, lo cual se traduce en un despido indirecto al desmejorar las condiciones de trabajo y viola derechos constitucionales como lo es el principio de progresividad.

Para la fecha hemos perdido la totalidad de los beneficios que percibíamos y que constituyen derechos adquiridos, verbigracia útiles escolares, servicios funerarios, seguro de HCM, primas académicas, discusión de contratos colectivos, no se acatan las normas de homologación vigentes, cuyo desconocimiento no implica su derogatoria, hemos perdido el salario y condiciones mínimas para ejercer el acto académico, biblioteca, laboratorios, reactivos, luz, agua, internet, teléfonos, papelería, salubridad, mantenimiento, transporte y comedor, entre otros. Como colofón no se enteran a tiempo los porcentajes que por ahorro es obligatorio que el Ejecutivo Nacional remita a nuestra Caja de Ahorro.

Con sumo respeto queremos ser ilustrativos en relación con la remuneración que estamos recibiendo. Saben Uds. que es imposible que con los salarios que nos pagan podamos siquiera ejercer el derecho a la vida, menos aún a la salud, a la vivienda, al vestido, al calzado o a la recreación.

La paga que nos asignaron atenta contra todos los derechos humanos reconocidos universalmente y establecidos en la Constitución. La canasta básica está por encima de los Bs. 30.000.000, oo. Tampoco nuestros estudiantes pueden acceder a una educación de calidad.

No nos estamos refiriendo a la falta de presupuesto para dotación, equipamiento y mantenimiento. Nos estamos refiriendo a las condiciones mínimas y básicas para impartir el acto docente. Tenemos años con los baños cerrados, sin agua, sin ascensores, sin transporte.

En estas dos últimas semanas el Gobierno ha reconocido el incremento en dólares de 27 productos que forman parte de la canasta básica. Esos productos en sumatoria superan los 30$. Es decir más de cinco millones de bolívares.

¿Pueden ustedes señores, explicarnos a los profesores cómo se vive en este país con un salario promedio para un trabajador universitario de 5$ y los precios establecidos en esos 27 productos con un valor de más de 30$? Estamos refiriéndonos tan solo a alimentos.

Los trabajadores universitarios no tenemos acceso a compra o reparación de nuestros vehículos, calzado, medicinas, ropa, libros, pago de colegio de nuestros hijos, reparaciones de los artefactos, dañados por los continuos cortes de energía eléctrica, pago de condominio, luz, teléfono, internet o cualquier otro insumo. El pago del agua y el gas en Carabobo, por ejemplo, supera los cuatro salarios mínimos. Simplemente nos han limitado a trabajar sin poder comer. Es esa una realidad indiscutible.

De nuestro desempeño depende el avance del país, la formación de profesionales en pre y post grado, el desarrollo de investigación en ciencia, tecnología e innovación. La Constitución establece el derecho a una educación gratuita de calidad y a un salario digno para los profesores, de acuerdo a su delicada labor. Nada de lo anterior puede cristalizarse con el salario que nos han asignado.

Nuestro escenario no está relacionado con guerra económica, con sanciones, con política. Estamos haciendo mención a una institución de educación universitaria.

Para los jubilados acaban de aprobar un bono de Bs. 300.000, oo contra la guerra económica. Esto se traduce en un paquete de harina pan y resta una minucia que ni para el jamón alcanza. El kg. de queso supera los Bs. 800.000,oo y la carne está sobre los Bs. 600.000,oo y un cartón de huevos ya casi cuesta Bs. 1.000.000,oo Pueden Uds. afirmarnos con propiedad que un profesor subsiste con los salarios que nos asignan?

Como corolario establecen un proceso de “Universidad en casa “, cuando no tenemos celulares, computadoras ni conexión a internet, cuando no tenemos servicio eléctrico en Carabobo pues lo suspenden como mínimo dos veces al día. Y si tuviésemos la tecnología, el salario ni siquiera alcanzaría para costear nosotros el servicio de internet.

Estamos sin los mínimos insumos para vivir, sin carro, sin ropa, sin zapatos, sin medicamentos, sin seguro. Esa es la realidad. Por ello el lenguaje llano empleado en la intención de reflejar la realidad que en otros términos hemos planteado mediante requerimientos de todo orden, por redes sociales, por todas las vías posibles, siendo un hecho público notorio y comunicacional las condiciones a las que estamos sometidos. Renunciar no es una opción porque no hemos faltado a nuestros deberes y obligaciones.

Por todo lo anterior, nos dirigimos a Uds. para solicitar una respuesta formal a lo expuesto, a los planteamientos ya hechos y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas. Responder sobre las tablas presentadas a consideración del Ministro, sería un primer paso para el rescate de nuestras condiciones de trabajo y la dignificación de nuestros salarios. Esperamos una respuesta efectiva, de conformidad con los derechos constitucionales que nos asisten.




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