El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, dijo este viernes que las personas que cometan actos vandálicos, terroristas y ataques a establecimientos comerciales, a los centinelas o funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) serán sometidas a la Justicia militar.
«Aquellas personas que cometan actos vandálicos, actos terroristas, así como también asaltos a establecimientos comerciales, ataques a nuestros centinelas o daños a los bienes de la FANB, así como también instigación a la rebelión van a ser sometidos pues a la Justicia Penal Militar», dijo al canal estatal VTV.
Reverol, que sostuvo un encuentro con los cuerpos de seguridad del estado Mérida (oeste), funcionarios de la Policía Científica (Cicpc) y el gobernador de esa entidad, el chavista Alexis Ramírez, dijo que se encontraban «evaluando» a aquellas personas que, durante las protestas que se desarrollan desde hace más de un mes, han cometido delitos dentro de la jurisdicción militar.
Asimismo, aseguró que «están muy adelantadas las investigaciones» sobre los casos de las tres personas que han fallecido en Mérida durante las protestas e indicó que ya tienen a «seis personas identificadas» y que se están liberando «algunas aprehensiones».
La ONG Foro Penal Venezolano (FPV) dijo el martes que 73 civiles han sido privados de libertad en el país por decisión de tribunales militares, de los 137 que han sido presentados ante estas instancias en el marco de las protestas antigubernamentales que se desarrollan en Venezuela.
La Fiscalía venezolana informó un día después que había solicitado a un tribunal que 14 personas detenidas hace una semana por presuntamente ocasionar daños a la sede de una alcaldía fueran juzgadas por jurisdicción ordinaria y no militar.
Alegó que los hechos que se le atribuyen «no constituyen delitos previstos» en la norma militar y que «además los procesados no son funcionarios militares, por lo que mal podrían ser juzgados por esa jurisdicción».
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, ha dicho a Efe que los casos de manifestantes detenidos y procesados por la jurisdicción militar están enmarcados en la ley.
