La abogada, activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, regresó a Venezuela la noche de este martes 26 de mayo, tras haber vivido en España desde que la excarcelaron el pasado mes de enero.
Este miércoles 27 de mayo, su hermano, José Manuel San Miguel, volvió a fungir como vocero a través de un comunicado en el que confirma su retorno al país. Primero para reunirse y reencontrarse con sus familiares, así como para ponerse al día de las «causas judiciales aún pendientes relacionadas con su caso», dice el texto.
Añadió que esperan que se resuelva su situación jurídica conforme al derecho, sin aclarar si optarán por aplicar a la Ley de Amnistía aprobada por la AN, que controla el chavismo el pasado 19 de febrero.
Caso de San Miguel
San Miguel fue detenida en febrero de 2024 cuando se disponía a viajar fuera del país junto a su hija. En el aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira, apresaron a las dos. Después de que varias organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron su desaparición forzada, se conoció que también habían detenido a dos hermanos de la jurista, el papá de su hija y su expareja.
Su un caso que impactó a la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos por ser San Miguel una de las voces más conocidas sobre el mundo militar venezolano. El entonces fiscal general de la República, Tarek William Saab, se enfureció y amenazó a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales por denunciar que estaba en desaparición forzada.
Incluso, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH usó ese término, considerado un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma, lo que provocó la expulsión de sus funcionarios de Caracas, medida que anunció el depuesto Nicolás Maduro.
«Es importante aclarar, con absoluta responsabilidad jurídica, que no se trata de una libertad plena, sino de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, otorgada en el marco de su proceso judicial. La ciudadana Rocío San Miguel mantiene medidas de prohibición de declarar públicamente, razón por la cual ninguna persona está autorizada desde el momento de su excarcelación a emitir declaraciones en su nombre, atribuirle opiniones, posiciones, agradecimientos, valoraciones políticas o jurídicas, ni interpretar su situación personal, legal, de salud, ni las condiciones que vivió en reclusión», dijo el hermano de la activista, José Manuel San Miguel, sobre los motivos del silencio de la abogada al llegar a Madrid.
Detalles de su reclusión
San Miguel estuvo recluida desde febrero de 2024 y hasta enero de 2026 en El Helicoide, la principal sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) donde sufrió una caída y se fracturó un hombro. Sin embargo, no recibió atención médica oportuna ni especializada como pidieron sus allegados. Además, solo le permitían mantener contacto con su hija.
Después de la excarcelación, una de las abogadas cercanas a la activista, Theresly Malavé, contó que durante su encarcelamiento debieron operarla en dos oportunidades. Sufrió aislamiento, torturas psicológicas y condiciones durísimas de reclusión, lo que el chavismo intentó usar como un castigo ejemplarizante contra defensores de derechos humanos en el país.
La Fiscalía la acusó de supuestos delitos de traición a la patria, terrorismo y conspiración, además de señalarla de que había entregado mapas de papel a Estados Unidos, como una presunta muestra de su cooperación con un gobierno extranjero. Junto con ella dejaron en la cárcel a su exesposo, Alejandro González de Canales, un coronel retirado de la Aviación Venezolana que fue gerente de la empresa petrolera estadounidense Chevron.
