EFE
La expresidenta de Brasil Dilma Rousseff dijo este viernes en Montevideo que los autores del «golpe», bajo el liderazgo del nuevo presidente, Michel Temer, conducen a su país hacia el «Estado mínimo», que resultará en «una reducción brutal de los gastos sociales.
Tras marchar junto a los trabajadores que adhirieron a un paro parcial convocado por la principal gremial de Uruguay, el PIT-CNT, Rousseff destacó en una charla en la sede de esa central sindical algunas de las políticas del nuevo Gobierno brasileño que «amenazan derechos» conquistados tras «casi 100 años de lucha».
Entre las principales medidas criticadas por la exmandataria (2011-2016) está la propuesta de enmienda constitucional (PEC 241) aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 25 de octubre, que limitará los gastos públicos para las próximas dos décadas y los supeditará a la inflación del año anterior.
«Ellos (el Gobierno) establecieron un techo para los gastos, lo que no es malo, el problema es cómo se hace. En Brasil lo hicieron por 20 años. El gasto en las despensas primarias no pueden crecer más que la inflación hasta 2036», subrayó.
Rousseff explicó que si su Gobierno hubiese adoptado semejante medida en el 2006, «el sueldo mínimo que hoy es de 880 reales (272 dólares) sería de 400 reales (123 dólares), lo que supone un 45 % de su valor actual».
En el sector de la salud, según la expresidenta, el presupuesto actual de 102.000 millones de reales (casi 31.500 millones de dólares) sería de apenas de 65.000 millones de reales (20.000 millones de dólares), y el área «más afectado hubiese sido la educación», con una inversión pública de apenas 31.000 millones de reales (9.500 millones de dólares) en vez de los 103.000 millones de reales (31.700 millones de dólares) de los que dispone en 2016.
Rousseff destacó también que el Gobierno de Temer «empezó a vender el patrimonio brasileño a precio de ganga» y que considera realizar un ajuste «abrupto» del sistema de pensiones que impactaría «un 70 % de los jubilados de Brasil, 23 millones de personas», que cobran un sueldo mínimo.
Según Rousseff, para que «los empresarios vuelvan a invertir y el el capital internacional regrese corriendo a Brasil» es necesario que haya una demanda que depende del poder adquisitivo de la población.
«Si en Brasil no hay inversiones publicas, ¿cómo puede mejorar la situación?», cuestionó.
Rousseff volvió a advertir también sobre la amenaza que medidas como las promocionadas por el Gobierno del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) suponen para la democracia, que «corre riesgo» en América Latina.
«Sabemos que fueron las dictaduras militares que asumieron en la América Latina el papel de imponer a nuestros pueblos la pérdida de derechos, reducciones de sueldos, y persecución política implacable en nombre de presuntos intereses nacionales. Hoy veo nuevamente la democracia amenazada, aún sabiendo que no es un proceso igual al que sucedió en las décadas de 1960 o 1970», explicó.
Rousseff defendió, además, que «la ampliación de la desigualdad disminuye la democracia» porque si las personas participan, un Gobierno con esas características «no se mantiene».
«No cometí ningún crimen político y fui alejada. El estado democrático de derecho convive con medidas excepcionales y empieza a haber una gran represión de movimientos sociales, que es puntual, pero ocurre. Creíamos que la democracia era algo garantizado, pero no lo es», concluyó.
El pasado 31 de agosto el Senado brasileño destituyó a Rousseff, una decisión que también confirmó como presidente de Brasil a Michel Temer -vicepresidente en el anterior gabinete-, quien seguirá en el poder hasta el 1 de enero de 2019.
