El asesinato de periodistas sigue siendo la mayor afrenta para la libertad de prensa en México, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que recordó que desde su última reunión celebrada en octubre pasado hasta hoy se han registrado cuatro homicidios de comunicadores.
El informe de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, que celebra en Medellín su reunión de medio año, señala que desde el 2000 la organización Artículo 19 ha documentado el asesinato de 115 periodistas en México, en posible relación con su labor.
Agrega que durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se han contabilizado 42 asesinatos de periodistas, 11 de ellos en Veracruz, estado con el mayor número de asesinatos en este sexenio.
También explicó que 2017 cerró con 12 periodistas asesinados, en un año en que además hubo 507 agresiones y 11 fueron desplazados para proteger su vida.
El reporte fue leído por el periodista Alejandro Jiménez que citó los nombres de los colegas asesinados desde octubre pasado.
Gumaro Pérez, de 35 años, fundador y reportero del portal La Voz del Sur en el municipio de Acayucán, fue asesinado el 19 diciembre en Veracruz.
El 13 enero de este año fue asesinado en Tamaulipas Carlos Domínguez, 77 años, columnista de El Horizonte de Matamoros.
La misma suerte corrió en Guerrero el 5 febrero Pamela Montenegro, de 36 años, bloguera de la página de internet «Denuncia Acapulco Sin Censura».
La lista de asesinados en el periodo analizado la cierra Leobardo Vázquez, de 42 años, tiroteado el 20 de marzo en Veracruz, y quien publicaba en Facebook el portal de noticias «Enlace Gutiérrez Zamora».
En el informe, la SIP destacó que el 23 de marzo fueron sentenciados a 25 años de prisión dos expolicías por su participación en el asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo, ocurrido en Veracruz en enero de 2015.
De otro lado, el informe expone como elemento positivo que la Suprema Corte de Justicia ordenó al Congreso legislar sobre el otorgamiento de la publicidad oficial a los medios de comunicación.
En su informe, la SIP explica que en dos ocasiones (2007 y 2014) el Congreso de México intentó de manera fallida regular la publicidad oficial tras la petición organizaciones periodísticas para que se acabe con la discrecionalidad.
«Ahora tras un amparo interpuesto por Artículo 19, el 15 de noviembre la Suprema Corte de Justicia resolvió que el Congreso debe subsanar esa omisión legislativa fijando el 30 de abril de este año como fecha límite para legislar», reseña el informe.
Finalmente, añaden que la Corte ordenó al Congreso que debe legislar bajo criterios de eficiencia, eficacia y honradez como señala la Constitución.
