Dayrí Blanco | @DayriBlanco07
La hija de Mónica Mejías tiene tres años y un largo historial de enfermedades gastrointestinales. Los especialistas coinciden: Sus padecimientos son por la calidad del agua que consume. Su mamá ya lo intuía. No hay que ser experto para saber por el color que lo que sale del grifo está en malas condiciones.
“Sale amarilla y, cuando la almaceno en tobos, veo que tiene tierra y como gusanos pequeños”, relató al acercarse de manera espontánea a una protesta que se realizó la mañana del miércoles en las puertas del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas en Naguanagua. Ella no sabía que era el Día Mundial del Agua, pero al enterarse se sumó a las exigencias de la sociedad civil “no hay nada qué celebrar. Al Gobierno hay que pedirle que nos garantice salud con los servicios que nos suministran”.
Mónica vive en Santa Eduviges, al sur de la ciudad de Valencia. Ahí, desde hace dos semanas no sale nada de las tuberías, “se robaron los cables de la bomba”. Ahora debe caminar más de cinco cuadras para abastecerse en casa de algún habitante de una comunidad vecina. Es la única opción que tiene para poder bañar y darle de comer a sus seis hijos.
En El Palotal, otra urbanización de la parroquia Miguel Peña de la capital carabobeña, también hay fallas en el suministro de agua. “Tenemos un pozo y aún así solo llega agua sucia y nos quitan el agua los martes y los viernes. Esto es intolerable”, reseñó Morelia Ortega, habitante del sector, quien mostró las erupciones en la piel que padece.
El dirigente de Voluntad Popular (VP) por el municipio Valencia, Carlos Graffe, apoyó la manifestación. Denunció que el Gobierno, a través de Hidrocentro, sigue enviando agua no apta para consumo humano a los habitantes de la entidad.
En 2014 se firmó un documento, en el que el Ministerio de Ecosocialismo y Agua se comprometía a realizar inspecciones a la planta potabilizadora Alejo Zuloaga, a la de tratamiento de aguas residuales La Mariposa, así como también al embalse Pao Cachinche y al trasvase del Lago de Valencia hacia el río Cabriales, pero “a tres años de este compromiso, el Ministerio no ha cumplido y el problema de la contaminación del agua se sigue agravando”.
Graffe destacó que esta omisión por parte del Ministerio, que rige las políticas en cuanto al acceso del agua potable en el país, representa “una burla para todos los valencianos y carabobeños, debido a que como claramente lo establece la Constitución, el agua potable es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado y esto no se está cumpliendo”.
