7 de abril de 2021. Fue ese el día cuando el gobierno de Nicolás Maduro renovó por segunda y última vez el decreto de suspensión del pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de aquellos utilizados como vivienda principal, así como también los desalojos, durante seis meses. Pasado el tiempo establecido, no hubo prórroga de la medida por parte del Ejecutivo, lo que implica que desde el 8 de octubre del año pasado quedó sin efecto

En entrevista con El Carabobeño, la abogada Viviana Pineda, asesora y especialista en negocios inmobiliarios, explicó que esto no significa que el inquilino haya quedado sin protección, porque aunque cesó el decreto presidencial No. 4.577 que contemplaba la suspensión de los pagos y desalojos, continúan con plena vigencia todas las leyes que regulan la materia inmobiliaria en Venezuela y que, a su parecer, benefician más a los arrendatarios que a los propietarios

Entre los instrumentos legales que rigen la actividad inmobiliaria en el país están: Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Viviendas, Ley Contra la Desocupación Arbitraria de Viviendas, sentencia 1171 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas y el Decreto Ley de Regulación de los Arrendamientos Inmobiliarios con Carácter de Uso Comercial.

“La no renovación del decreto que establecía medidas especiales por la situación de pandemia en materia de arriendo de viviendas y comercios no deroga la protección que nuestro gobierno bolivariano ha tenido en materia de vivienda”, expuso a través de Twitter el diputado de la Asamblea Nacional (AN) oficialista y vocero del Movimiento de Inquilinas e Inquilinos, Rigel Sergent. 

Según Sergent, la población inquilina actual de Venezuela está conformada por unas 600 mil familias, quienes están amparadas por la legislación antes mencionada, la cual establece que para solicitar la desocupación del inmueble arrendado como lugar de residencia principal se debe cumplir, en primera instancia, con el procedimiento administrativo a través de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi), “desde donde se han logrado resolver cientos de casos”. De no haber un acuerdo, se establece la vía judicial.

Respecto a la vía judicial, Pineda advirtió que se trata de un camino largo, que además en la mayoría de los casos no termina con éxito para el arrendador. “Hay cierto retardo procesal. Imagino que los tribunales con competencia en la materia están colapsados, porque han cambiado los mecanismos para recibir estas solicitudes, algunos días no tienen despacho, entre otros factores que dificultan la ejecución de un desalojo”.

Pero tras el cese del decreto presidencial en octubre del año pasado, resaltó la abogada, la mayoría de los arrendatarios e inquilinos, luego de llegar a acuerdos con los propietarios, han honrado los compromisos adquiridos e incluso han concretado pagos que fueron reprogramados. Según sus cálculos, un 80 % de la población decidió hacer los pagos correspondientes y mantener las cuotas al día. 

Propietarios sin beneficios ni garantías 

Los decretos ejecutados por la administración madurista, en los que se establecieron medidas extraordinarias como alivio para los arrendatarios ante el impacto económico generado por la emergencia de la pandemia de COVID-19, también incluía a los arrendadores. “Vamos a buscar la forma de compensar a las personas que viven de alquiler”, dijo Maduro en marzo de 2020, cuando anunció por primera vez el decreto paliativo. Sin embargo, la ayuda para los propietarios nunca llegó. 

“No conozco a ninguna persona (arrendador) que haya recibido algún tipo de subsidio, bonificación o incentivo especial generado por el Ejecutivo mientras estuvo vigente la suspensión del pago de los alquileres”, señaló Pineda, quien trabaja como asesora inmobiliaria y forma parte de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo. “Los propietarios siempre estuvieron al borde de la inseguridad jurídica que hay en el país, ya que determinadas leyes se inclinan más hacia el arrendatario”.

En 2021, Venezuela fue catalogada como el segundo país del mundo con menos garantías sobre la propiedad privada, de acuerdo al Índice Internacional de Derechos de Propiedad, publicado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad). De 129 naciones estudiadas, Venezuela ocupó la posición 128 y solo fue superada por Haití, que ocupa el último lugar. 

A su juicio, existe un desequilibrio evidente en la legislación venezolana. “Siempre el lado del propietario se ha visto más afectado en la balanza. Existen muchas acciones para beneficiar a los inquilinos y muy pocas para el propietario”.

Sector inmobiliario sobrevivió 

Para Pineda, el sector inmobiliario de Venezuela es un ejemplo de resiliencia, “porque por más incertidumbre, inseguridad jurídica y lagunas legales existentes en el país, siempre ha encontrado la forma de avanzar y moldearse a cada traba que se presenta”. En los últimos dos años a este gremio le tocó lidiar con los cambios y restricciones derivadas de la pandemia, mientras que ahora lo hace con la modificación de la Ley de Registros y Notarías

De acuerdo con sus estimaciones, en marzo de 2020 se registró una leve caída de la actividad arrendaticia por la entrada en vigencia del paquete presidencial de medidas, sumado a la paralización de las actividades del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren). Pero, en los meses posteriores las negociaciones continuaron. 

“Desde abril de 2020 se siguieron haciendo contratos de alquileres y cierre de compra-venta de inmuebles, a pesar de las semanas de cuarentena y de que el Saren estuvo cerrado hasta principios de junio de ese año, mediante mecanismos probatorios, ya que el Código Civil de nuestra legislación contempla la legalidad de los contratos privados”, detalló la especialista. 

Pineda recordó que el rubro del sector inmobiliario que mayor actividad tiene es el mercado secundario, ya que el gremio de la construcción y el mercado primario han resultado severamente afectados por la crisis generalizada que ha azotado al país durante los últimos años. “Nuevos proyectos habitacionales no existen, y menos aún créditos o algunos subsidios para viviendas”.




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