Tarek William Saab, fiscal general (Foto archivo)

El fiscal general Tarek William Saab, pidió este lunes declarar en emergencia el sistema de justicia “en pleno” y anunció que la muerte de 68 personas en un incendio en una comisaría en el centro del país la semana pasada se produjo en medio de una requisa.

El incendio en la comisaria de Valencia, en el céntrico estado Carabobo en el que fallecieron 68 personas la semana pasada, “comenzó con una especie de requisa que luego provocó un incendio por parte de los privados de libertad, que al parecer quemaron unos colchones” señaló en una entrevista privada a Unión Radio.

A su juicio, el exacerbado hacinamiento que existe en las estaciones de policía, fue la consecuencia de esas lamentables muertes. “El sistema de justicia en pleno debe declararse en emergencia”.

El funcionario acusó a la lentitud a la hora de ejecutar juicios y sentencias de propiciar el hacinamiento en los calabozos de este centro y pidió que el suceso sea una gran alerta nacional para que se inicie un trabajo definitivo para el deshacinamiento de las estaciones de policía.

El que también fuese defensor del pueblo reveló que en la actualidad hay más de 25 mil privados de libertad en estaciones de policía de los que tres mil ya están condenados y “no deberían estar ahí” sino ya en una cárcel.

Aseguró que los calabozos policiales no están hechos para que personas que están siendo procesadas por delitos penales se mezclen con personas que han cometido delitos menores y que, no ameritan tanto tiempo ahí recluidos.

El que también fuese gobernador del estado Anzoátegui por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sostuvo que hubo negligencia por parte de los, hasta el momento, cinco detenidos.

“Fueron ya imputados por el Ministerio Público (MP) por la precalificación más severa, homicidio calificado, negligencia, entre otros tipos penales”, sostuvo.

El pasado miércoles 66 hombres y dos mujeres, que estaban de visita en los calabozos policiales, fallecieron en este incendio, en una de las mayores tragedias en el último cuarto de siglo de este tipo en Venezuela.

Opositores y diversas ONG han responsabilizado al Gobierno por las muertes.

El Gobierno pidió el viernes al MP abrir una investigación sobre el hecho y anunció la creación de un equipo multidisciplinario y la activación de los protocolos necesarios para la protección integral a cada una de las familias afectadas.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones cifra la población reclusa en los calabozos policiales venezolanos sobre 32 mil 600 detenidos, cuando el espacio está acondicionado para acoger a unos ocho mil 500.




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