Este jueves un grupo de trabajadores carabobeños se congregó en la Inspectoría del Trabajo César Pipo Arteaga de Valencia para defender los derechos de más de seis mil empleados públicos y de empresas privadas, afectados tras los despidos indirectos por parte de sus patronos.
A partir de las 9:00 am personal de empresas como Pepsico, Líder Pollo, Alimentos Polar, Blindados Panamericanos, Firestone e Industria Metalgráfica se reunieron en la entrada dela institución a la espera de ser atendidos.
José Suárez, coordinador regional del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), indicó que luego de ser suspendidos irregularmente los empleados dejaron de contar con los beneficios laborales como bonos, prestaciones sociales y seguros, por lo que consideró que la medida se trata de despidos ilegales. “Desconocen las contrataciones colectivas y aniquilan miles de puestos de trabajo”.
Suárez acusó al Ministerio del Trabajo de defender a los patronos, por lo que exigió la renuncia de Eduardo Piñates e Ingrid Díaz, representantes de la cartera a nivel nacional y regional respectivamente. “Han dejado en la calle a mujeres embarazadas, a trabajadores con fuero paternal, con hijos enfermos y en condiciones especiales”.
Despido por sms
Germán Martínez tiene 16 años trabajando para Alice Neumáticos de Firestone. Hace dos semanas recibió por mensaje de texto la prórroga de un permiso de ausencia hasta el 4 de abril de 2021 que él jamás había solicitado. En la notificación informal también le informaron que sus condiciones laborales se mantendrían. “Es decir, que seguiré cobrando 0,85 centavos de dólar a la semana”.
Martínez aseveró que en los últimos días la fabricadora de neumáticos dispuso una lista en la entrada de la planta con las personas suspendidas, pero sin ofrecer el motivo. “No dan la cara. Somos más de 400 trabajadores en la calle, esperando soluciones”.
Cómplices de la miseria
Para Yonathan Rodríguez, empleado en condición de suspensión de Blindados Panamericanos S.A., el silencio de la inspectora Mayela Veloz y la jefa regional del MPPT, Ingrid Díaz, las hace cómplices del ataque hacia la clase trabajadora.
Rodríguez cree que lo más indignante que recibir un sueldo mensual de dos millones 500 mil bolívares. “Nos pagan cantidades miserables que no alcanzan ni para hacer mercado y tanto la inspectoría como el ministerio son cómplices”.
