Maestros que venden tortas, enfermeros que son taxistas, abogados que trabajan en los muelles y docentes que se dividen entre una institución pública y una privada, es parte de la realidad de los trabajadores de Puerto Cabello que buscan ingresos alternos para cumplir con sus cargos públicos.
Se trata de un subsidio que hacen al Estado. “Ni con las bonificaciones del gobierno nos alcanza para vivir, por eso hemos tenido que eh trabajar en dos o tres lugares, montar negocios privados o emprendimientos”, expresó el profesor Gemar Dávila, integrante del movimiento de Educadores Simón Rodríguez de Carabobo.
Él es docente y es un cargo público que, por vocación, no quiere abandonar. Pero también se dedica al transporte privado en su vehículo. “Hemos sido tan altruistas que con ese dinero que nosotros nos ganamos fuera del trabajo formal, lo usamos como compensación para acudir a nuestros a nuestros trabajos en el estado y poder ayudar a la sociedad”.
Esta es una práctica habitual. Sin embargo, trabajadores como Dávali están convencidos de que esta es una realidad que no puede ser sostenible en el tiempo.
“Eso debemos revertirlo porque el Estado no puede pretender que los trabajadores vamos a trabajar de gratis o, inclusive, que nosotros vamos a subsidiar la responsabilidad que tiene el Estado de mantener estos servicios tan vitales como son la educación, la salud, la atención integral de los ciudadanos por medio de sus diferentes instancias, como pueden ser la notaría, el registro o el terminal de pasajeros”.
Trabajadores con beneficios secuestrados
En términos generales, Dávila indicó que todo el país está afectado por la política laboral centralizada instaurada por el patrón, que es gobierno, como está contemplado en el memorándum 2792, que fue elaborado en respuesta a una emergencia económica “la cual ahorita no tiene razón de ser”.
Recordó que en ese memorando se secuestraron todos los beneficios laborales de los trabajadores como las vacaciones y las bonificaciones de fin de año.
Pidió que los salarios sean establecidos de acuerdo con la canasta básica, como está contemplado en el artículo 91 de la Constitución. “Para así tener acceso y adquirir los beneficios necesarios para la supervivencia, alimentación, recreación y ahorro, que lo más importante para el crecimiento humano”.
Dávila detalló que entre 50% y 60% de los trabajadores del sector público en Puerto Cabello han renunciado a sus cargos porque no pueden ni costear el pasaje para llegar a sus a sus sitios de trabajo.
Protesta de trabajadores
El pasado 26 de febrero, más de organizaciones sindicales introdujeron ante la Inspectoría de Trabajo en Caracas un pliego conflictivo de 17 exigencias entre las que se contemplan desde el aumento salarial hasta las remuneraciones de los pensionados y jubilados.
Esas exigencias se llevaron a las sedes del ministerio de los 23 estados y tenían un plazo que se vence el 24 de marzo, por lo que el lunes 23 acudirán a las inspectorías del país para exigir la respuesta a ese pliego conflictivo.
“También vamos a aprovechar la oportunidad de que delegados diferentes actores internacionales, como de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) y la ONU que se reunirán con representantes de este gobierno patrono, para que se cumplan los pactos internacionales como lo establece la Constitución en su artículo 91”.
La posición de los trabajadores es determinante. Después de cuatro años sin aumento salarial, exigen al gobierno, así como lo dicta la Constitución, que ajuste el sueldo de los trabajadores que se encuentra tan disminuido que prácticamente está desaparecido, al corresponder prácticamente 0,25 centavos de dólar al mes.
