La más reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 29 en marzo, en la que se autoriza a la Sala Constitucional a asumir todas las funciones de la Asamblea Nacional (AN), se suma a la larga lista de ataques emprendidos contra el Parlamento en el primer trimestre de 2017.
Desde Transparencia Venezuela se ha hecho seguimiento a los ataques recibidos por el Parlamento en 2017, registrando hasta el 31 de marzo un total de 58 agresiones que van desde el encarcelamiento del diputado por el estado Miranda Gilber Caro, pasando por la anulación del pasaporte de otros tres legisladores, las 13 sentencias dictadas por la Sala Constitucional, la intervención financiera del Legislativo, agresiones físicas contra diputados, más las constantes amenazas del gobierno.
EMPEÑO GUBERNAMENTAL
El empeño del Gobierno Nacional por hacer irrelevante todas las acciones que se produzcan desde el Poder Legislativo, la han convertido en objeto de agresiones desde el propio momento de su elección en diciembre de 2015. La desincorporación de cuatro diputados proclamados por el Poder Electoral, el desconocimiento de las demás autoridades de las decisiones adoptadas por la Cámara, y las más de 50 sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia en contra del Parlamento forman parte del resumen de agresiones recibidas en apenas 15 meses de gestión.
Los ataques han tenido como sus principales promotores al Tribunal Supremo y el presidente Nicolás Maduro, agrupando el 40% de las agresiones realizadas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los denominados “colectivos”, la Contraloría General de la República y cuerpos policiales como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, también forman parte del listado de agresores.
ALA RADICAL
Desde el ámbito internacional también se han sumado ataques, siendo el 20 de enero la fecha en la que la República de Rusia, a través de su Ministerio de Exteriores, emitió un comunicado en el que asegura que el Parlamento nacional es controlado por “un ala radical del campo antigubernamental” provocando el aumento de la “retórica agresiva” y que encamina a una “desobediencia civil”.
Recordemos que los diputados a la Asamblea Nacional electos el 6 de diciembre de 2015, durante los comicios con mayor participación histórica para una elección parlamentaria, no perciben sueldos ni salarios desde el mes de agosto de 2016.
