Nuevos magistrados del tribunal Supremo de Justicia. (@Asamblea Ve).
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Luego de su juramentación el 21 de este mes como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por parte de la Asamblea Nacional, 30 abogados que recibieron esa distinción permanecen en la clandestinidad. Mientras que tres de ellos fueron detenidos en diferentes ciudades, por parte funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

El primero en perder su libertad fue el doctor Angel Zerpa Aponte, quien permanece recluido en el Helicoide, donde habría iniciado una huelga de hambre, en protesta por su detención.

Este martes en el estado Anzoátegui, fueron detenidos los abogados Jesús Rojas Torres y Zuleima González. Aunque se desconoce el delito que se le imputan a los últimos, probablemente sea traición a la Patria, al igual que el doctor Zerpa Aponte.

Como se recordará, el propio Presidente Nicolás Maduro, anunció por televisión que los 33 profesionales del derecho serían puestos presos y se les congelaría sus cuentas bancarias y demás bienes.

Tres de los 33 abogados juramentados como magistrados son carabobeños y de reconocida trayectoria profesional.

En la Sala Constitucional fue designado Miguel Angel Martín, quien con 50 años es juez de carrera judicial. Fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad José Antonio Páez. Es doctor en Ciencias, mención Derecho, y especialista en Derecho Procesal; en Técnicas de Resolución de Conflictos y en Derecho Laboral.

Es autor de los libros La Oralidad en el Proceso Civil, y El derecho de jóvenes en Venezuela y su protección judicial”.

En diciembre de 2008, fue suspendido de sus funciones como juez titular del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, de Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial de Carabobo, por la Inspectoría General de Tribunales.

La medida le fue aplicada, luego de que el jueves 4 de diciembre de ese año juramentara al gobernador electo de la entidad, Henrique Salas Feo. Esto fue producto del reclamo que hicieron 9 legisladores regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quienes argumentaron que tal acto debió hacerse ante el parlamento estadal, como lo ordena el Reglamento Interior y de Debates.

Como magistrado suplente en esta misma sala, fue designado el doctor Gustavo José Sosa Izaguirre, profesor titular de la Universidad de Carabobo de donde egresó en 1977.

Tiene especialización en Docencia Jurídica en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad de Carabobo. Estudios de postgrado a distancia de la Universidad de Salamanca, España y en la Universidad Católica Andrés Bello. Director de empresas agropecuarias de asesoría, comerciales y de servicios. Presidente de la Fundación para el mejoramiento Industrial y Sanitario de Valencia (Funval). Profesor de Derecho Civil, Penal, Principios de Derecho Público, de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional.

Fue presidente de la Cámara de Comercio de Valencia (2013-2015). Director de Consecomercio. Secretario General Nacional de la Red Nacional de Asamblea de Ciudadanos.

En la Sala Político Administrativo, fue nombrado Antonio José Marval, de 55 años. Es abogado especializado en Derecho Penal y Criminología, y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. Es miembro de la ONG Foro Penal Venezolano en Carabobo y parte del equipo encargado de la defensa del diputado de Voluntad Popular, Gilber Caro, y de la activista Stacy Escalona,

En el año 1996 Marval fue el director de Prisiones del Ministerio de Justicia.




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