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El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) en el exilio buscará llevar la esperanza de la justicia a su país amparado en la jurisdicción universal y teniendo como referentes los principios de los tribunales de Nuremberg, para la antigua Yugoslavia y Ruanda, dijeron cinco de sus integrantes.

En funciones después de la primera sesión celebrada el pasado viernes en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, los juristas, que están en Bogotá, aclararon que no pretenden constituir un Gobierno en el exilio y denunciaron que salieron de Venezuela porque no existe justicia.

“El Tribunal está en el exilio primero porque nos persiguieron”, dijo el magistrado Luis Manuel Marcano, quien señaló que están en el exterior porque los poderes y la estructura de poder interno no lo permite y no existe la justicia en el contexto doméstico.

Los juristas abandonaron Venezuela luego de que el presidente Nicolás Maduro anunció que los 33 magistrados juramentados el pasado 21 de julio por la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, irían a prisión uno por uno y tras la detención de su compañero Ángel Zerpa.

En ese sentido, Marcano defendió el derecho de los venezolanos a contar con un órgano que administre justicia o por lo menos que lleve la esperanza de esa justicia.

Y ante las críticas a la sesión en la OEA, que desde Caracas el presidente de TSJ, Maikel Moreno, consideró un golpe judicial, Marcano argumentó que el derecho no es algo estático y evoluciona en función de las necesidades sociales.

“Mal precedente jamás sentaría un Tribunal en el exilio, porque nosotros no pretendemos constituir un Gobierno en el exilio”, aclaró.

Marcano agregó que justamente para eso están “constituidos como órgano judicial, para hacer cumplir la justicia” que necesitan los venezolanos.

Agarramos la justicia universal como jurisdicción, invocamos los principios de Nuremberg, el convenio de Palermo; contra la delincuencia organizada transnacional para que no quede un acto delincuencial impune. Ese es el estado del arte de lo que nosotros pretendemos hacer como magistrados venezolanos en defensa del pueblo de Venezuela, afirmó.

En Nuremberg, un tribunal internacional juzgó después de la II Guerra Mundial a 24 acusados de crímenes cometidos por los nazis contra los judíos.

Marcano explicó que con Nuremberg, así como con los tribunales para la antigua Yugoslavia (que tuvo como sede La Haya) y Ruanda (en Tanzania) se buscaba que crímenes de genocidio y de lesa humanidad no volvieran a suceder.

“Pensamos que no podía ocurrir en América Latina y está ocurriendo en Venezuela”, afirmó.

A su vez, la magistrada Elenis Rodríguez lamentó que el poder judicial en Venezuela “se ha convertido en el paredón para ajusticiar a aquel que piense distinto al Gobierno”.

“Tenemos jueces que están yo no sé si más aterrados que nosotros que tuvimos la valentía y tenemos la valentía de denunciar, cómo opera el poder judicial”, confesó.

El magistrado Ildefonso Ifill Pino defendió la legitimidad de este Tribunal, al señalar que no se constituyó en el exilio sino en Venezuela, pero sus magistrados debieron salir a cumplir sus funciones desde el extranjero.

“Nosotros sencillamente aceptamos unos cargos, nos juramentamos en unos cargos para lo cual fuimos elegidos, seleccionados, por la Asamblea Nacional legítima que fue elegida por el pueblo venezolano”, replicó.

Marcano y Elenis Rodríguez tienen asilo en Chile, a donde esperan viajar próximamente, mientras que el resto permanecerán en Bogotá.

Aunque aún trabajan en el reglamento para poder funcionar desde Washington, Bogotá, Ciudad de Panamá y Santiago de Chile, donde permanecen exiliados, el magistrado José Luis Rodríguez dijo que aplicarán convenios internacionales sobre derechos humanos, legitimación de capitales, delitos de lesa humanidad, entre otros.

“Si es necesario que el Tribunal Supremo de Justicia dicte medidas específicas, medidas cautelares, solo queda de parte de los Gobiernos, de la comunidad internacional, que reconozcan el contenido de esa sentencia” en su ordenamiento jurídico y apliquen medidas, por ejemplo, contra bienes de funcionarios, indicó.

José Luis Rodríguez mencionó como prioritaria la propuesta que formularán al Gobierno de Maduro para que permita abrir un canal humanitario, y explicó que Canadá, México y Perú “están interesados” en dar ayuda alimentaria y medicamentos a Venezuela.

“El venezolano está esperando de nosotros mucho”, afirmó el segundo vicepresidente del TSJ en el exilio, Rafael Antonio Ortega, quien se dijo convencido de que podrán, “a través de la justicia, del derecho”, sacar a Venezuela “del hueco donde se encuentra”.




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