La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio notificó mediante oficio al presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, el antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio público venezolano.
En un oficio enviado a Barboza, militante de Un nuevo Tiempo que preside la AN, le notifica que la solicitud de antejuicio de Mérito contra Maduro fue interpuesta por Luisa Ortega Díaz en su condición de Fiscal General de Venezuela.
En el escrito se señala que en esos delitos contra el patrimonio público está presuntamente involucrada la empresa NORBERTO ODEBRECHT, S.A.. La investigación está sustentada en en el artículo 266 numeral 2° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 24 numeral 1° de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
El máximo tribunal determinó que hay méritos suficientes para enjuiciar a Nicolás Maduro Moros, quien ejerce el cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. «Existe causa probable que hace presumir la comisión de los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales previstos en el artículo 64 del Decreto con Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción y artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y la presunta responsabilidad de los hechos punibles denunciados en este Máximo Tribunal”.
La participación a la AN la hace el TSJ a los fines de que la legítima Asamblea Nacional autorice llevar a juicio a Nicolás Maduro Moro, autorización que genera la suspensión e inhabilitación inmediata del funcionario para ejercer cualquier cargo público, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal.
En la sesión del martes, el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, se negó a iniciar el debate sobre el antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, solicitado por el diputado Juan Pablo García.
Barboza alegó que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio no había notificado formalmente al Poder Legislativo y que aún cuando existía la intención de tratar el tema, se deben seguir los canales legales. «Esta Asamblea Nacional tiene toda la intención de tratar el tema, pero las estipulaciones constitucionales deben cumplirse a cabalidad. No se ha recibido la notificación formal que manda la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para que se inicie de forma legal el proceso”.
A continuación el oficio enviado por el TSJ en el exilio al presidente de la Asamblea Nacional
