Cinco policías metropolitanos aún están presos en el Internado Judicial de Ramo Verde. Otros tres tienen medidas humanitarias por razones de salud y uno está en arresto domiciliario. Fueron condenados a penas que oscilan entre los 16 y los 30 años de prisión, por 2 de las 19 muertes ocurridas el 11 de abril de 2002, pese a que todas las pruebas demostraron su inocencia. Para exigir su liberación, este miércoles se realizará un tuitazo nacional, a partir de las 7:00 a.m.
Hace 16 años se produjo una de las masacres más grandes en la historia contemporánea de Venezuela. Diecinueve personas murieron en Puente Llaguno y sus alrededores, pero solo por tres de ellas hubo juicio y solo los inocentes pagaron. Los verdaderos culpables están libres, algunos huyendo del país o, como en el caso de Richard Peñalver, solicitando asilo en España.
Para exigir que la justicia, aunque tarde, prevalezca en este caso, los familiares de los policías metropolitanos condenados solicitaron a los venezolanos que se sumen a este gran tuitazo que busca, como cada año, poner en el tapete una de las injusticias e ilegalidades más grandes de este régimen revolucionario.
INOCENTES SIN LIBERTAD
Héctor Rovaín, Arube Pérez, Erasmo Bolívar, Marco Hurtado y Luis Molina cumplirán el 21 de abril, 15 años de prisión. Hoy están en Ramo Verde, pagando un crimen que no cometieron.
Los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas y el sargento Julio Rodríguez están en sus casas, enfermos. El primero tiene arresto domiciliario y los otros tres, medidas humanitarias por razones de salud. Si se curan, deben volver a la prisión.
Al comisario Iván Simonovis, preso en su casa, le fue colocado un grillete electrónico el 18 de noviembre de 2017. Además de estar imposibilitado para salir de su residencia, ahora debe portar un dispositivo de localización dentro de la vivienda.
Marco Hurtado y Arube Pérez, condenados a 16 años y 8 meses y 17 años y 10 meses, respectivamente, tienen las cuatro medidas alternativas al cumplimiento de la pena vencidas. Rovaín, Bolívar y Molina, cuyas sentencias les impusieron 30 años de cárcel, tienen vencidos 3 de estos derechos que los otorga el Código Orgánico Procesal Penal. Ya deberían disfrutar de libertad condicional. Ningún tribunal ha hecho valer los derechos procesales que les otorga la ley.
EMBOSCADA BRUTAL
El 11 de abril de 2002, una marcha opositora fue brutalmente emboscada en la avenida Baralt, en Caracas, en las inmediaciones de Puente Llaguno. Videos captaron a varios pistoleros disparando desde el emblemático lugar, pero ninguno de ellos fue responsabilizado, por el contrario, fueron absueltos.
Diecinueve personas murieron, pero solo por tres hubo juicio. Nueve policías metropolitanos cargaron con la culpa por dos de los fallecimientos, del tercero fueron absueltos. Todos fueron sentenciados por delitos comunes, como homicidio calificado frustrado, lesiones personales graves y leves, todos en grado de complicidad correspectiva; y uso indebido de armas de fuego. Todas las pruebas los exoneraban y así lo afirmaron, incluso, especialistas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Cinco aún están presos y cuatro enfermos y con amenaza de regresar a las mazmorras del gobierno. Para los otros 16 fallecidos, todos opositores, las investigaciones no han pasado de la fase inicial.
Nota de prensa
