Luego de dos años sin aumentos salariales y con disminución de los beneficios de salud y socioeconómicos en general, el vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, José Angel Ferreira, pide que se corrija esta situación.
Hizo un llamado al Ejecutivo nacional para que se lleve a cabo el tradicional aumento del primero de mayo, y con ello mejorar las menguadas economías familiares de la Administración Pública del país y, en particular, de los universitarios.
El docente sostiene que en la población hay expectativas sobre mejoras salariales, por lo que el Ejecutivo nacional tiene la oportunidad de honrar un incremento de salario mínimo que incida en todas las fórmulas de cálculo de salarios de los trabajadores universitarios.
Espera que lo acordado se traduzca en un aumento en la productividad y un mayor compromiso de los trabajadores universitarios, quienes se encuentran en una situación muy difícil, al formar parte de uno de los sectores estratégicos del país como es la educación, tanto universitaria como básica, media y diversificada, y de toda la administración pública en general.
Ferreira recordó que que tanto el bono de guerra económica, como el de alimentación, que se están cobrando indexados al valor del cambio oficial, no generan prestaciones sociales ni otros beneficios de ley.
“No inciden en el bono vacacional ni en el de fin de año, ni en los demás bonos que contempla la convención colectiva vigente. Ello trae como consecuencia un malestar y por ende, fallas en la productividad de parte del trabajador universitario”.
Dijo que desde hace tres años se presenta una situación dramática con respecto a las retenciones de los sueldos de sus trabajadores, las cuales en su mayoría corresponden a procesos de previsión social.
Subrayó que los descuentos de las cajas de ahorro están llegando a cuentagotas, y para el resto de las contribuciones la cantidad es cero.
Los fondos de pensiones y jubilaciones ya van para tres años que no cobran un centavo de las retenciones; tampoco el impuesto sobre la renta, la Ley de Política Habitacional, el Seguro Social Obligatorio, así como otros conceptos de ley, contribuciones a los gremios, las pensiones alimentarias que se producen por situaciones de conflicto entre padres, afectando directamente a los menores.
Ferreira estima que es una situación bastante lamentable, insólita e irregular que requiere la atención del país, por el impacto que tiene dentro de la conformación de los sueldos y salarios de los profesores, empleados y obreros, y por la pérdida de las contribuciones que en el pasado, ayudaban a los universitarios a superar situaciones de contingencia.
La relación entre los esfuerzos que se hacen desde la universidad para suplir procesos de calidad de vida como la salud y su conexión con esos fondos, no se reciben a tiempo.
Por todo lo anterior, la autoridad ucista hizo un llamado a que esta situación sea regularizada y se pueda, en este temprano año 2024, producir una mejora importante para la calidad de vida de la familia universitaria.
Con nota de prensa
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