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El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 48 ataques e incidentes de seguridad durante mayo de 2021 en Venezuela. Los niveles de riesgo para la defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela continúan aumentando.

En el informe presentado la ONG aseguró que la violencia de Estado es ejercida para limitar el actuar de las organizaciones y personas que documentan y denuncian la crisis del país.

Quienes se encuentran en primera línea de defensa y promoción de los derechos, respondiendo a las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja y acompañando a las víctimas y a la sociedad en general, por las violaciones de derechos humanos y abusos a los que han sido sometidas, continúan siendo objeto de agresiones en el marco de la profundización de las restricciones al espacio cívico y democrático y el aumento del control social.

Según el Centro para los Defensores y la Justicia el entorno socio-político facilita que los actores responsables concreten los ataques. Solo en mayo de 2021 registraron 48 nuevos ataques e incidentes de seguridad.

Estos episodios reflejan la sistematicidad de los patrones de agresión que hacen parte de la política de criminalización en contra de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y de acción humanitaria en Venezuela.

Los 48 hechos registrados durante el mes de mayo se caracterizaron por: 26 por estigmatización, 8 relacionados a la intimidación y hostigamiento, 12 por amenazas y 2 atribuidos a ataques digitales.

Cortesía Centro para los Defensores y la Justicia

Criminalizar la cooperación internacional

Posterior a la emisión de la Providencia Administrativa N° ONCDOFT-001-2021 y las amenazas de aprobar una Ley de Cooperación Internacional para sancionar a las organizaciones consideradas enemigas por ser incómodas para la representación del Estado, nuevos obstáculos para la ejecución de sus actividades legítimas se produjeron en el marco de las restricciones al espacio cívico y democrático.

Del total de los ataques documentados durante el mes de mayo de 2021, 31 estuvieron
dirigidos contra las organizaciones derechos humanos y organizaciones que realizan acciones humanitarias, equivalente a 65% del total.

Mientras que 17 fueron individualizados dirigidos en contra de personas defensoras de derechos humanos, representando 35% restante.

Cortesía Centro para los Defensores y la Justicia

Entre algunos de los casos se destaca la sistematicidad de las campañas de estigmatización en contra de las organizaciones de derechos humanos, criminalizadas por tener acciones en el marco de la cooperación internacional.

Los señalamientos, actos de intimidación y amenazas en contra de la organización Funda Redes y su director Javier Tarazona y otros miembros del equipo fueron reiterados. Las organizaciones Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos – PROVEA, Transparencia Venezuela, Foro Penal, Amnistía, fueron algunas de las organizaciones objeto de señalamientos.

Según el informe del Centro para los Defensores y la Justicia los principales responsables de los ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de mayo se distribuyeron de la siguiente manera:

Un total de 15 (31%) de las agresiones fueron realizadas por personas o agrupaciones afectas a los intereses políticos del Estado, miembros de los entes asociados o que conforman el Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3).

14 (29%) de los hechos fueron efectuados por funcionarios públicos, incluyendo de alto nivel, quienes hicieron uso de sus perfiles en redes sociales, o declaraciones en medios de comunicación gubernamentales para estigmatizar, amenazar e intimidar; 12 de los ataques fueron perpetrados desde los medios de comunicación tradicionales y digitales del Estado y sus cuentas en redes sociales (25%); 4 fueron responsabilidad de las Instituciones Públicas (9%); y 3 hechos fueron ejecutados por organismos de seguridad del Estado (6%).

El uso de términos peyorativos para referirse a las personas defensoras busca afectar la
integridad moral de las mismas. Además, las acusaciones de “traición a la patria”, “traidores”, “mentirosos”, “tendenciosos”, “operadores políticos”, “doble moral”, “especular”, ser “laboratorios de inteligencia” o de estar asociados con grupos irregulares o paramilitares se mantienen, acompañadas de declaraciones orientadas a criminalizar la cooperación internacional.

En mayo también se registró un mayor número de actos de amenaza, que incluyen amenazas contra la vida e integridad, así como la apertura de investigaciones por considerar “ilícitas” las actividades y denuncias presentadas por las organizaciones.

Sobre las investigaciones y procesos de judicialización del Estado recordaron los casos de de la Asociación Civil Acción Zuliana por la Vida (Azul Positivo), enero de 2021 y el de la defensora Vanessa Rosales, octubre 2020; los cuales permanecen abiertos inmersos de reiteradas irregularidades y afectaciones al debido proceso.

La organización reiteró que estos hechos son contrarios a las obligaciones internacionales que tiene el Estado venezolano de respetar, garantizar y proteger, la libertad de asociación, el derecho a defender derechos humanos, el resguardo de los derechos de las víctimas, entre otros principios esenciales para la protección de derechos y el funcionamiento de un orden democrático.

El limitar u obstaculizar arbitraria y discrecionalmente el trabajo de la sociedad civil transgrede los principios democráticos e incumple obligaciones internacionales adquiridas por el Estado, por lo que se debe proceder a su derogación inmediata.

El CDJ advirtió que las organizaciones y los individuos tienen derecho a buscar, recibir y utilizar recursos, no solo de índole financiero, sino técnico y de todo tipo para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos.




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