El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó este miércoles las "falsas acusaciones" realizadas por la Misión de Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos en el país, que responsabilizó a la administración chavista de "atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política".
"Esta pseudo misión (...) es muestra palpable del doble rasero y el uso político de los mecanismos internacionales de derechos humanos, con la sola finalidad de seguir atacando a las instituciones venezolanas", dice un comunicado de la Cancillería del país caribeño.
A juicio de la llamada revolución bolivariana, esta comisión investigadora forma parte "de la política de cambio de régimen (en Venezuela) impulsada por las autoridades de Estados Unidos".
"La infame misión pretende seguir tergiversando la realidad con falsas matrices mediáticas, dirigidas a dar aliento a los grupos más extremistas, que constantemente intentan alterar la paz y atentar contra las instituciones democráticas del país", prosigue el escrito.
El Gobierno de Maduro subrayó los avances en el diálogo y la cooperación con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), una dinámica que, ratificó, mantendrá "en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos".
"Venezuela ratifica que no reconoce, ni reconocerá, mecanismos de tutelaje o monitoreo como esta hostil Misión, que dilapida los recursos de la ONU y claramente transgrede los pilares fundamentales del multilateralismo y los principios que rigen las labores del Consejo de Derechos de Humanos", añade el comunicado.
La Misión presentó al Consejo de Derechos Humanos una actualización oral de las informaciones que ha procesado en los últimos meses, en la que habló de "graves violaciones (que) continúan produciéndose en Venezuela", entre las que mencionó la detención de personas opositoras al Gobierno.
La presidenta de la misión, Marta Valiñas, hizo referencia a datos de ONG locales que cifran en 282 el número actual de prisioneros políticos (civiles y militares), a los que se les restringe el acceso a los alimentos y tratamiento médico y a una defensa legal, mientras que sus familiares sufren acoso. EFE
