La diputada María Gabriela Hernández aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al declarar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Ambiente, no solo se contrapone a lo establecido en el Tratado de París sobre cambio climático, sino que desampara aún más las riquezas naturales del país, frente a los daños que ya ha ocasionando la explotación del llamado Arco Minero.
En declaraciones la parlamentaria, quien además presidió la subcomisión de Cambio Climático de la Asamblea Nacional, recordó que Venezuela fue uno de los primeros países que suscribió el referido tratado, que entró en vigencia en noviembre de 2016, comprometiéndose con el resto de las naciones en los esfuerzos para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y sus efectos sobre el cambio climático en el mundo.
«Es como una hipocresía hacia dentro y hacia el mundo, porque lo aprueba (el tratado) y cuando lo tratamos de desarrollar legislativamente para que tanto la disminución de los gases de efecto invernadero, como la adaptación, que son dos de los principales objetivos del Tratado de París, se implementen, sencillamente lo echan para atrás”, manifestó.
Agregó que el fallo del máximo juzgado no solo contaría la política ambiental del propio gobierno, plasmada en el llamado Plan de la Patria en su quinto objetivo, sino que también estaría volteando la mirada a la hora de reconocer los daños que está produciendo en el llamado Arco Minero, con la intervención de 150 empresas transnacionales, que representan a 35 países, en 111.843,70 kilómetros cuadrados al sur del país, extensión que alcanza el 12 por cierto de nuestro territorio.
“La devastación de nuestras riquezas naturales, el descuido, la desprotección que hay en los parques nacionales, en la infraestructura institucional para la protección de nuestras cuencas hidrográficas, de nuestros bosques, es prácticamente nula en nuestro país, más aún el tema del Arco Minero”, acotó.
