(Foto Armando Díaz)
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La Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación criticó que el Consejo Nacional Electoral cometió numerosas irregularidades que atentaron contra la seguridad del voto durante la realización de los comicios para la escogencia de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, celebrado el domingo 30 de julio.
A través de un comunicado, la organización no gubernamental en cumplimiento con su rol de defender los derechos ciudadanos a través del voto, expuso una serie de señalamientos que ponen en entredicho la actuación del árbitro electoral en jornadas electorales como las evidenciadas el pasado domingo violando la normativa electoral a su antojo.
De acuerdo a la visión de la Red de Observación, el Poder Electoral incumplió con el requisito constitucional de consultar al pueblo, a través de un referendo si querían o no una Asamblea Nacional Constituyente, dejando esa potestad al Ejecutivo Nacional que tomara esa decisión, situación que fue considerada como “un grave paso hacia la destrucción del sistema democrático en el país”.
En el escrito, alzó su voz de protesta ante la ausencia de testigos, la total alteración del sistema de votación tradicional, la eliminación de los procedimientos para evitar el voto múltiple y la no verificación del padrón electoral, entre otras anomalías observadas y evidenciadas en el sufragio de este 30 de julio.
Expuso que por ser un acto de naturaleza enteramente civil, el mismo fue anunciado oficialmente a los medios, el día anterior a la votación, por efectivos militares, arrogándose éstos una atribución que es competencia por ley del Consejo Nacional Electoral. “Sin necesidad de mayores argumentos, el carácter castrense del anuncio le imprimía un sesgo conminatorio a la convocatoria, especialmente por no haber contado la misma con el requisito de aprobación por una mayoría del pueblo venezolano”.
 
Hizo énfasis en la toma militar del país del domingo 30, considerada por la organización de observación como de “exagerada e innecesaria” en condiciones normales, que extralimitaba la función que se le asigna habitualmente al llamado Plan Republica, en resguardo de la integridad de los centros de votación, la cual constituye otra evidencia de una inusual militarización del país para un acto de votación. “En días previos y durante la misma jornada de votación, a través de las redes sociales y por testimonios personales, pudimos constatar cómo empleados y obreros de organismos y empresas del sector público, eran conminados por sus supervisores y ejecutivos a participar en la votación, bajo amenazas que ponían en juego su estabilidad laboral”.
 
El órgano veedor rechazó la incorporación como credencial de identificación en el proceso del “Carnet de la Patria”  la cual no  está incorporada en la legislación electoral que fue considerado como otro instrumento conminatorio gubernamental para controlar quien habia cumplido con el voto exigido por el régimen de Maduro.
 
Un elemento de opacidad del proceso para la opinión pública fue la extensión por el CNE de la zona de seguridad alrededor de los centros de votación hasta los 500 metros, obstaculizando de esta manera el libre acceso a los medios de comunicación.
 
Explica esta organización de observación que “por ser una votación de carácter nacional y de acuerdo con la legislación electoral, los venezolanos residenciados en el exterior, tenían derecho a participar, cumplidos los requisitos de registro electoral. En esta ocasión fueron arbitrariamente excluidos. Asimismo, los días previos al este evento se evidenció una ocupación abusiva e ilegal por parte del gobierno de los medios de comunicación en cadena nacional, para llamar a la participación y promover el voto por los candidatos identificados con el sector oficial, los únicos en esta ocasión”.
 
Como consecuencia del clima de crispación social que antecedió la convocatoria de esta jornada electoral, “originado por su naturaleza irregular e inconstitucional y por el desmedido despliegue de fuerza pública, así como la actuación de cuerpos paramilitares, más de diez venezolanos murieron en las calles, centenares resultaron heridos o presos, hogares fueron atacados e invadidos y hubo represión generalizada contra civiles en prácticamente todos los centros poblados del país. Este domingo 30 de julio de 2017 quedará registrado como la jornada electoral más violenta y sangrienta de nuestra historia republicana”.
 
Afirmó la Red de Observación Electoral que a lo largo del horario establecido para la votación pudo observar por testimonies de colaboradores, medios públicos y redes sociales, una menguada participación de electores, muy inferior a la de cualquier acto de votación nacional reciente. De esa apreciación de la afluencia a los centros de votación infieren una notable incongruencia con la cantidad de participantes que anunció el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, “estimaciones realizadas con métodos estadísticos, verificados en numerosas elecciones de los últimos años, nos revelan una discrepancia enorme con las cifras oficiales”.
 
Esto queda reforzado con el anuncio que acaba de realizar este miércoles 2 de agosto Smartmatic, encargada del proceso automatizado electoral, en el cual se señala que lo anunciado por el CNE supera en por lo menos un millón de votos a la participación registrada por esta empresa, lo cual demuestra que hubo una grave manipulación.
 
Para concluir, el comunicado expresa que “con la realización de la inconstitucional elección de la Asamblea Nacional Constituyente el gobierno nacional ha elegido, para desgracia del pueblo venezolano, la vía de la confrontación, la violencia y la represión. Ayer mismo se han dado muestras de la escalada represiva que amenaza al país, con el regreso a la reclusión en calabozos de dos líderes opositores, el Alcalde Metropolitano electo Antonio Ledezma y el dirigente Leopoldo López, quienes cumplían arresto domiciliario, y dos días antes, la destitución y el arresto del alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, Alfredo Ramos. Un penoso camino de lucha por el restablecimiento de la democracia espera a la nación. Cumpliendo con nuestro de rol de defensores de los derechos ciudadanos relacionados con el voto, sumamos nuestra voz al llamado al pueblo venezolano a oponerse, por todos los medios pacíficos y democráticos a su alcance, a la instauración de una dictadura en el país”.



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