La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) registra 565 presos políticos en Venezuela, tras verificar las excarcelaciones más recientes. De ese total, 490 son hombres y 75 son mujeres. La entidad, dedicada a la defensa de los derechos humanos, documentó un universo que incluye activistas, periodistas, miembros de la sociedad civil y funcionarios de seguridad.
En un informe difundido este jueves, JEP alertó sobre tres situaciones que, a su juicio, requieren atención inmediata de la comunidad internacional.
En primer lugar, la organización denunció una emergencia sanitaria y humanitaria. Según sus cifras, 48 presos políticos padecen enfermedades graves sin acceso oportuno a atención médica ni tratamientos; a ellos se suman 19 adultos mayores cuyas condiciones de detención violan estándares básicos de protección humanitaria.
JEP calificó esta situación como un trato cruel, inhumano y degradante.
En segundo lugar, la ONG advirtió sobre 19 casos de desaparición forzada. Estas personas permanecen en una situación de indefensión jurídica debido a la falta de información oficial sobre su paradero.
JEP llamó la atención sobre la vulnerabilidad de 23 presos políticos extranjeros y 29 venezolanos con doble nacionalidad. La organización instó a las representaciones diplomáticas y consulares correspondientes a activar de inmediato mecanismos de protección y asistencia legal.
El informe incluye un desglose adicional: entre los 565 detenidos hay 192 funcionarios de seguridad del Estado en actividad, 34 exfuncionarios, 292 miembros de la sociedad civil, 19 vinculados a organizaciones políticas, tres sindicalistas, un defensor de derechos humanos y un periodista bajo arresto domiciliario.
JEP asegura que mantiene un monitoreo constante de estos casos y ha emitido llamados similares en el pasado para visibilizar la situación de los presos políticos en el país.
