El 28 de junio de 2009, Honduras amaneció con la noticia de un golpe de Estado a su gobierno electo por voto en 2005, presidido por José Manuel Zelaya. El hecho ocurrió luego de meses de crisis cuyo asidero fueron las tensiones políticas entre el poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia debido al malestar frente a la intención de Zelaya de realizar una Asamblea Constituyente para modificar la Carta Magna de 1981.
Ese día de junio, la residencia del presidente Zelaya fue allanada por un sector de las fuerzas armadas, para detenerlo y expulsarlo a Costa Rica, recordó la ONG Provea.
VENEZUELA SALUDÓ ACTIVACIÓN DE CARTA A HONDURAS
El 5 de julio de 2009 se realizó la XXXVII Asamblea General Extraordinaria de la OEA, y en su segunda sesión plenaria se aprobó una resolución para suspender el derecho de Honduras a participar en la OEA. Está decisión invocó el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.
Todo ello luego de que el entonces Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza entregara a la Organización un informe sobre “las gestiones realizadas en las 72 horas anteriores para intentar restablecer la democracia, el Estado de Derecho y al presidente Zelaya en su puesto, tal y como le instruyó la propia Asamblea General Extraordinaria el miércoles”.
La resolución que reafirmó “la importancia del respeto irrestricto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados”, fue adoptada por todos los países miembros, incluyendo Venezuela cuya representación estuvo a cargo del canciller del gobierno del presidente Hugo Chávez: Nicolás Maduro.
UN PRESIDENTE SIN MEMORIA
El presidente Nicolás Maduro se olvidó de la importancia de la Carta Democrática como mecanismo diplomático que busca garantizar y profundizar el sistema democrático de los países firmantes.
Salvando las distancias de las particularidades sociohistóricas y de los hechos concretos, ¿acaso no es grave que la Carta Magna de un país sea suplantada por un estado de excepción que ha servido como marco para cometer las innumerables violaciones a los derechos humanos que hoy documentan muchas organizaciones de la sociedad civil?, pensemos en las Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo, o en la implementación de un control de alimento como los CLAP que lejos de asegurar un sistema que garantice el derecho a la alimentación, está ocasionando daños irreversibles en poblaciones vulnerables. Señalaba el activista Feliciano Reyna en su intervención en el 34 Periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que “uno de cada diez niños menores de cinco años, en cuatro estados de Venezuela, presentaron malnutrición global aguda en diciembre de 2016”.
En su saludo a la resolución aprobada en 2009 que invocó la Carta Democrática por el golpe de Estado a Honduras, Maduro expresó: “no hay que olvidar que hay un pueblo heroico luchando contra una dictadura que tiene su expresión mediática, una dictadura mediática que somete al pueblo a la mentira, al terrorismo mediático, a la guerra psicológica, que esconde la verdad”.
Ocho años después, el gobierno de Maduro sería señalado como una dictadura moderna por la suspensión del referéndum revocatorio, el secuestro de los poderes del Estado, y en el caso del Legislativo: la anulación de sus competencias; la militarización del Estado y de la vida civil; la imposición de una hegemonía comunicacional mediante la compra de medios importantes, la criminalización de organizaciones y activistas de DDHH, la discriminación política; las restricciones a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica, la persecución y encarcelamiento a quienes disienten, entre otros quebrantamientos no menos importantes.
Ese año, Maduro también se refirió a las personas que esperaban el retorno de Zelaya, describiéndolos como “los más humildes de los humildes, los que no tienen quizá para comer o para llevar a sus hijos a la escuela”. Ocho años después, en Venezuela, nos encontramos con un gobierno que ha fungido como fábrica de pobreza, situación que ha afectado a grupos vulnerables como los niños; y que no ha tenido la disposición política de aceptar la ayuda humanitaria como mecanismo para evitar “más daños irreparables y perdida de vidas”, como bien lo señaló Feliciano Reyna el pasado 15 de marzo en sesión del Examen Periódico Universal, donde, cabe destacar, el Defensor del Pueblo Tarek William Saab no tuvo derecho de palabra debido a la degradación a categoría B hecha por la Organización de las Naciones Unidas a la Defensoría del Pueblo por las irregularidades de su gestión.
El otrora canciller calificó como inaceptable el “argumento que pretende convertirse en chantaje: tratar, por las vías pacíficas, democráticas de apoyar al pueblo de Honduras a que el presidente Zelaya vuelva a su lugar, a su patria y a su cargo es correr el peligro de incrementar la violencia”.
Maduro dijo “vías pacíficas y democráticas”, para referirse a las diligencias diplomáticas y la solidaridad entre países que desde la OEA se promueven como el caso de la activación de la Carta Democrática Interamericana. Ocho años después, el Maduro presidente emite este insulto: “Le voy a responder a la canalla internacional que cree que la patria de Bolívar se intimida ante sus amenazas. La carta democrática la puede poner en un tubito bien fino y darle mejor uso señor Almagro. Métase su Carta Democrática por donde mejor le quepa, a Venezuela se respeta, a Venezuela nadie le va a aplicar ninguna carta de ningún tipo, llamo a la rebelión nacional frente a las amenazas internacionales”.
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