Dayrí Blanco | @DayriBlanco07
No bastó con la represión y la persecución. Ahora la injusticia se impone tras el cese de las jornadas intensas de protestas de calle. Hay número que así lo certifican: Más de 40 estudiantes de la Universidad de Carabobo (UC), y cinco profesores de la institución se encuentran aún tras las rejas solo por manifestar, sin que haya pruebas en su contra.
En distintos centros de reclusión se encuentran estas personas que fueron aprehendidas en diferentes ciudades del país, alertó Maued Abdul, dirigente del movimiento estudiantil Gente UC-24, quien solicitó a las autoridades la liberación de cada una de ellas al estar privadas de libertad, pero sin audiencia preliminar en las que se les presenten evidencias de los delitos de los que se les acusan.
En la mayoría de los casos se les imputó traición a la patria, incitación a la rebelión, sustracción de efectos militares y vilipendio a la Fuerza Armada Nacional. “Pero no cuenta con pruebas que demuestren eso y no les dan la oportunidad de que sus abogados los defiendan”.
Luis Giovanni Fernández, trabajador y docente de la UC, detalló que los profesores que permanecen detenidos son Santiago Guevara, Julio García, Rosmary Di Pietro y Carlos Morales del Campus Bárbula, además de Rolman Rojas del núcleo Aragua. Resaltó también el caso de Simón Mora, esposo de la decana de Odontología.
Las acciones de calle no se descartan. Fernández anunció que se realizarán diferentes protestas que están en estudio, no solo para exigir la liberación de estas personas los más de 40 estudiantes, sino para manifestar su descontento por las políticas implementadas desde todo punto de vista por el Ejecutivo.
En principio se retomarán las actividades académicas, para las que no hay una fecha establecida debido a las pésimas condiciones de la infraestructura. “La idea es iniciar con asambleas de estudiantes y ahí decidir las próximas medidas a tomar”, aseguró Juan Villamizar, estudiante de ingeniería de la UC.
Las acciones estarán focalizadas en la protesta pacífica y el resguardo de las instalaciones para que no ocurra nuevamente un hecho como el allanamiento que realizaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el pasado 5 de abril en el campus Bárbula.
