Kevin Arteaga /El Carabobeño
La autonomía y la libertad académica son características inherentes a la universidad. Impiden que esté al servicio de una parcialidad ideológica o política. Su rol está bien definido en la sociedad: generar conocimiento y respetar el libre pensamiento a favor del desarrollo de las naciones.
Yelena Salazar es socióloga y profesora universitaria, coordinadora del Observatorio de Universidades (OBU) del Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu). Para ella la realidad es única: “Una universidad que cumpla con su función siempre va a ser crítica ante las injusticias y la desinformación, ante las crisis sociales, económicas o políticas”.
La universidad venezolana, desde su fundación, se ha mantenido firme en la defensa de esos principios autonómicos y de libertad. Ha sido una voz crítica cuando ha sido necesario. Muchos gobiernos la han hecho blanco de ataques sistemáticos que le han causado heridas mortales, en especial durante las últimas dos décadas.
A pesar de los golpes, hoy las instituciones educativas autónomas son la única joya de la corona que el chavismo no ha logrado conquistar. Primero lo intentó el propio presidente Hugo Chávez, a través de la Ley de Educación Universitaria en 2010, cuya propuesta incluía la promoción de «la patria socialista», «el socialismo bolivariano», «la construcción de una sociedad sin clases» y «el anticolonialismo político y epistémico».
Era impensable. “Pretender que la universidad esté a favor de un único pensamiento es una locura. Es contrario a su espíritu”, señaló la vocera del OBU. “La universidad debe estar al servicio de la sociedad, cumpliendo sus funciones de docencia, investigación, extensión y, sobre todo, teniendo pertinencia social”.
Las protestas de calle en rechazo al proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista en ese momento, surgieron de inmediato. La amenaza a la autonomía universitaria era intolerable. En enero de 2011, durante el primer Consejo de Ministros del año, Chávez vetó la ley tras reconocer que tenía “sus debilidades”.
Pero los ataques estaban lejos de desparecer, al contrario. Desde entonces, la reducción de facto al financiamiento de las universidades públicas, la erosión de su autonomía y el ataque a su libertad académica se convirtieron en una política de Estado, que arreció con la entrada de Nicolás Maduro a Miraflores.
Asfixia presupuestaria
Para Salazar, los recortes presupuestarios comenzaron a ser más evidentes en 2010. “No se aprobaba completo el presupuesto, había rectificaciones a mediados del año que afectaban el cabal funcionamiento de las instituciones”. Al inicio se vieron afectadas partidas específicas, relacionadas con la renovación de equipos y el mejoramiento de infraestructuras.
Este mecanismo de asfixia a la universidad se ensañó especialmente con las áreas de investigación, mejoramiento de infraestructura y actualización tecnológica. Hoy, cada espacio universitario padece las consecuencias. “Los salarios quedaron desactualizados y se han perdido providencias estudiantiles, como los comedores”.
Si a la educación superior no le dedicas el presupuesto necesario se pone en riesgo ese derecho humano, detalló la especialista. Para evitarlo, muchos trabajadores han tomado en hombros los esfuerzos para rescatar la academia y mantener las universidades operativas.
Ataques vandálicos bajo la indiferencia gubernamental
Según el OBU, entre marzo y septiembre del 2020, en el marco de la pandemia de COVID-19, se registraron al menos 193 hechos delictivos contra las universidades públicas. Se trata por un lado de falta de vigilancia asociada al déficit presupuestario y por otro a los inexistentes patrullajes de los cuerpos de seguridad, que tampoco inician averiguaciones para encontrar a los culpables. “Es por eso que varias universidades fueron afectadas muchas veces, incluso en los mismos espacios”.
El observatorio ve con preocupación la indiferencia de las autoridades nacionales. En uno de sus últimos boletines alertó que la Emergencia Humanitaria Compleja, en la que se incluye el desamparo en que se encuentra la Universidad venezolana, acompañada de una prolongada asfixia presupuestaria, están matando lentamente la academia.
Así, el anunciado reinicio de clases presenciales en marzo está en veremos. Al igual que el OBU, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes certificó que en las actuales condiciones, reiniciar clases presenciales impide no solo cumplir las medidas preventivas ante el coronavirus, sino los objetivos académicos.
UCV: la lucha por vencer las sombras
Axel Suárez/Todos Ahora
Presupuesto insuficiente que deriva en fallas en comedores, transporte y mantenimiento de la infraestructura, bajos salarios e inseguridad. Esta es la realidad que afronta la Universidad Central de Venezuela, la más grande y antigua del país, patrimonio mundial de la humanidad declarada por la Unesco en el año 2000 y que el 22 de diciembre cumplirá 300 años. Aún así, lucha por sobrevivir al abandono y la crisis y seguir siendo fiel a su lema: La casa que vence las sombras.
La vulneración del derecho a la educación por parte del gobierno de Nicolás Maduro ha afectado el proceso de enseñanza. La suspensión de clases producto de la pandemia de COVID-19 que obligó a migrar a internet, también.
Sin clases a distancia
La educación se imparte a través de internet, pero la lentitud en la conectividad, los cortes drásticos y no programados de electricidad en el interior del país; y la falta de preparación de los docentes para estas tareas disminuyen las condiciones. Pocas facultades han podido avanzar durante la pandemia.
El imprescindible presupuesto
El déficit presupuestario complica el mantenimiento de la planta física. A la UCV solo se le aprobó el 2,27% del presupuesto solicitado. En octubre pasado, la rectora García Arocha criticó ese monto y ejemplificó que para gastos de personal el gobierno solo enviará 1,19 del monto solicitado. “Un personal capacitado con los más altos estándares profesionales que ubican a la universidad autónoma venezolana en los rankings educativos más prestigiosos y que actualmente posee salarios inferiores a 5 dólares”, dijo en declaraciones a la prensa.
El deterioro es evidente. En junio de 2020 colapsó un tramo del techo de una de las caminerías centrales al aire libre, parte icónica del complejo universitario. La situación ya era grave antes de la pandemia del coronavirus.
En manos del hampa
De los 175 actos vandálicos documentados por la ONG Aula Abierta entre marzo y diciembre de 2020, al menos 10 afectaron actividades de investigación y 17 servicios estudiantiles.
En los reportes de esta organización, que defiende el derecho a la libertad académica, resalta el ingreso de sujetos armados al Instituto de Medicina Tropical en abril de 2020. Semanas después, desconocidos robaron y causaron destrozos en el comedor universitario y la biblioteca de la UCV–núcleo Cagua.
En mayo fue robada la única unidad de transporte operativa de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica de la Facultad de Ingeniería. Ese mismo mes el hampa ingresó al cafetín conocido como “El Cuadrado”, frente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la universidad.
El último hecho registrado por Aula Abierta en la UCV, que afectó los servicios estudiantiles, fue en junio de 2020, cuando sujetos hurtaron cableado, brequeras y dos lavamanos del comedor universitario del núcleo Cagua. Los espacios de la casa de estudios hoy están prácticamente desvalijados.
La dirigencia estudiantil activa
Todo esto tiene un origen. El secretario de asuntos nacionales de la Federación de Centros Universitarios (FCU), Miguel Barone, criticó que para el 2021 solo fue aprobado el 2,7% del presupuesto solicitado por la UCV.
Según Barone, más del 40% de los estudiantes ha desertado para trabajar. “Esta es la realidad de la UCV, paralizada incluso desde antes de la pandemia”.
UC: Del resplandor vinotinto al abandono rojo
Dayri Blanco /El Carabobeño
El monte y la maleza parece que hablaran. Gritan en nombre de la desidia y se muestran como la fachada de la peor crisis que ha tenido que enfrentar la Universidad de Carabobo (UC), la institución educativa más importante del centro del país.
Son siete facultades y un sinfín de pasillos en los que, hasta hace cinco años, se formaban más de siete mil profesionales anualmente. Su matrícula, que rondaba los 60 mil estudiantes, hoy apenas llega a 25 mil como consecuencia de un proceso de deserción que sigue en ascenso.
El vicerrector administrativo de la UC, José Ángel Ferreira, explicó que el presupuesto de 2020, inicialmente, era de 550 mil dólares para toda la institución. En junio se recibió un 50%, devaluado en un monto equivalente a 150 mil dólares, que se destinó a honrar parte de los compromisos salariales. La otra mitad aún no ha sido enviada.
Es una situación inédita. “Este año recibimos una cantidad mínima, solo para providencias estudiantiles, como deuda de 2020. La única respuesta desde el Ministerio de Educación Superior fue la creación de una partida llamada ´cuentas por cobrar al Ejecutivo nacional´, que no está en la Ley de Presupuesto. Es irregular y no tiene precedentes”.
El presupuesto de 2021, al 1 de enero, era de 720 mil dólares. Ferreira teme que pase lo mismo del año pasado. “Si no envían lo correspondiente no se hace nada y si llega incompleto y devaluado, mucho menos”.
Se han robado todo
A la falta de recursos en la UC se suma la delincuencia. Se han llevado cables, bombillos, conexiones eléctricas, pupitres y han saqueado laboratorios y dependencias exclusivas de la escuela de medicina.
Solo en el año 2019 se registraron 17 robos, 12 de ellos durante el período vacacional de agosto, y cinco en diciembre. En 2020 fueron ocho y al comienzo de enero de 2021 se presentó uno de los más graves, según el director de Prevención de Incendios, Protección y Seguridad (Pipsu), José Luis Antón.
De la Unidad de Litiasis y Enfermedades Metabólicas se llevaron casi todo. También dañaron equipos valiosos porque los delincuentes ni sabían para qué se utilizan. El Centro Asistencial Miguel Malpica, dependencia de la UC ubicada al sur de Valencia, también fue prácticamente desvalijado el año pasado y se mantiene clausurado.
Con el déficit presupuestario de la institución es imposible reponer los equipos robados o dañados, lo que incide en la calidad educativa.
Sin vigilancia
La ausencia de vigilancia es notoria. Muchos vigilantes han renunciado. Antón recuerda que hace dos años tenían una nómina de 280 personas. “Ahorita no cuento con más de 150, no hemos podido sustituir al personal porque nadie quiere trabajar por ese salario”.
Deserción estudiantil
La deserción estudiantil es calculada en 60% por el presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UC), Marlon Díaz. “Hace cuatro o cinco años, la matrícula estudiantil rondaba los 57 mil estudiantes. Ahora tenemos 21 mil inscritos”.
Díaz, como estudiante de medicina, enfrenta en primera persona la dura realidad de los robos. “Prácticamente no queda nada que robarse en la UC, las pérdidas son irrecuperables y no hay presupuesto para reponer los materiales”.
Soluciones en medio de la adversidad
Con la crisis de la institución clara, alertada y denunciada en varias ocasiones, las autoridades de la UC se niegan cruzarse de brazos.
La rectora, Jessy Divo de Romero, recordó que el drama no se deriva únicamente de la cuarentena por la pandemia de la COVID-19. “Ya las universidades veníamos viviendo tiempos muy difíciles con un presupuesto insuficiente, con un recurso humano en condiciones de vida indignas porque los ingresos mensuales no alcanzan. Eso propicia también deserción estudiantil y de trabajadores”.
Pero, con el compromiso de seguir formando profesionales de vanguardia, han procurado transformar esas dificultades en oportunidades. Ante el déficit presupuestario, han realizado alianzas con el sector público y privado para reactivar las actividades en la modalidad semi presencial y culminar algunos periodos académicos iniciados en 2019.
Para la rectora es tiempo de sumarse a todo aquel contingente que procura dar respuesta para salir de esta crisis. “De lo contrario, realmente sería una tragedia para todos”.
