Los tres jueces del tribunal londinense han señalado que comunicarán su decisión, en una fecha indeterminada, primero en privado a las partes, que hoy terminaron sus alegatos, un día antes de lo previsto.
La Corte debe determinar si acepta o rechaza un dictamen emitido el 29 de julio por la jueza Sara Cockerill, de la división comercial del Tribunal Superior, que daba a la junta "ad hoc" del BCV nombrada por Juan Guaidó acceso a las reservas valoradas en más de 1.800 millones de dólares.
La jueza constató que, por la doctrina de "Una sola voz" -que conmina a la judicatura y el Gobierno británicos a actuar unificados en política exterior-, debía aceptar como actos soberanos esas designaciones de Guaidó, a quien desde febrero de 2019 el Ejecutivo del Reino Unido reconocía como presidente interino de Venezuela.
El abogado de la junta "ad hoc" de Guaidó, Andrew Fulton, rechazó hoy un argumento presentado el martes por el bando de Maduro, que pidió a la Corte que, al analizar el fallo, tenga en cuenta que el Gobierno británico dejó de reconocer a Guaidó el pasado enero, después de que fuera destituido en diciembre de 2022 por los grupos de la oposición venezolana.
Doctrina de Una sola voz
Fulton sostuvo que el dictamen de Cockerill "no se ve afectado en absoluto por los acontecimientos políticos en Venezuela" e instó a los magistrados a ceñirse a la coyuntura que había cuando fue emitido.
En sus documentos presentados ante el tribunal, este abogado explica que, al margen del cese de Guaidó, la junta "ad hoc" se mantiene. Además, sigue queriendo representar al BCV en esta jurisdicción para reclamar el oro.
Reino Unido no reconoce a Maduro
Cuando se publique el resultado de este recurso y con independencia de si es o no favorable, el bando de Maduro prevé presentar una nueva demanda ante la sala comercial para que decida quién puede acceder a las reservas ahora que Londres ya no reconoce a Guaidó, indicó a EFE una fuente del equipo legal.
Paralelamente, la junta "ad hoc" del BCV reclama a la de Maduro que le abone costes legales (por un pleito que perdió) por unos 2 millones de libras (2,3 millones de euros), si bien los abogados del bando oficial alegan que ese dinero que invirtió la oposición no era suyo sino que pertenecía a Venezuela.
