La administración de Nicolás Maduro informó la tarde de este lunes 15 de diciembre sobre la extinción de contratos, acuerdos o negociaciones para el suministro de gas a Trinidad y Tobago, a quien acusan de participar en el «robo» de un buque petrolero, que transportaba crudo venezolano, por parte de Estados Unidos en aguas internacionales.
En un comunicado, difundido en Telegram por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la administración Maduro dijo que «ha tenido conocimiento pleno sobre la participación del gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano», tras la incautación de EE.UU. de un buque petrolero, el pasado 10 de diciembre, que navegaba con falsa bandera.
«Hoy, ante este gravísimo hecho que pretende robar vulgarmente el petróleo de Venezuela, el Gobierno venezolano ha decidido extinguir de manera inmediata cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural a ese Trinidad y Tobago», se afirmó en el escrito.
Causas de la suspensión de suministro de gas a Trinidad y tobago
Venezuela insistió en que esta acción es un «acto de piratería» que, reafirmaron, «constituye una grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y de comercio».
También señalaron al gobierno de la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, de tener una «agenda hostil contra Venezuela» al permitir ejercicios militares estadounidenses en su país y la instalación de radares «para el asedio contra los buques que transportan el petróleo venezolano».
«Esta funcionaria ha convertido el territorio de Trinidad y Tobago en un portaviones estadounidense para agredir a Venezuela, en un acto inequívoco de vasallaje», se afirmó.
El pasado 27 de octubre, Maduro suspendió los acuerdos de gas y un acuerdo marco de cooperación energética con Trinidad y Tobago, horas después de que Puerto España acogiera un buque de guerra de Estados Unidos para ejercicios militares.
Dicho acuerdo fue suscrito en el año 2015 por un periodo de 10 años, y contemplaba el tratamiento conjunto de yacimientos de gas, el desarrollo de infraestructura en materia hidrocarburos y monetización de recursos conjuntos. En febrero de 2025 fue renovado por otros cinco años más.
