El exmilitar venezolano Rafael Quero Silva, señalado por decenas de víctimas y organizaciones de derechos humanos por presuntas torturas y abusos cometidos durante las protestas de 2013 y 2014 en Venezuela, enfrenta el riesgo de ser deportado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, mientras un grupo de afectados exige que sea juzgado en ese país.
De acuerdo con información publicada por The New York Times, cinco personas que aseguran haber sido torturadas, baleadas o golpeadas por efectivos militares bajo el mando de Quero Silva introdujeron este martes 30 de diciembre una demanda civil ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, amparándose en la Ley de Protección de Víctimas de Tortura.
La normativa, vigente desde 1991, permite a las víctimas presentar acciones civiles en tribunales federales estadounidenses contra funcionarios extranjeros acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales cometidas mientras ejercían cargos oficiales. Según el diario neoyorquino, la demanda solicita una indemnización no especificada, aunque se desconoce si el exmilitar posee bienes que puedan responder a una eventual condena.
Unidad de torturas en Barquisimeto
Los demandantes sostienen que Quero Silva, entonces teniente coronel, dirigió en Barquisimeto, estado Lara, una unidad militar señalada por prácticas represivas durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. De prosperar el caso, sería el primer juicio en Estados Unidos contra un militar venezolano por torturas cometidas durante la actual administración, según abogados citados por el medio.
Quero Silva fue detenido en marzo por funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y permanece recluido en un centro de detención de migrantes en el sur de Florida, luego de que se le negara la libertad bajo fianza. Las autoridades migratorias evalúan su deportación. Registros públicos indican que en 2018 participó como extra en una producción de Telemundo.
Señalamientos por abusos
En la demanda, las víctimas relatan que soldados bajo el mando de Quero Silva dispararon gases lacrimógenos y balas de goma dentro y fuera de complejos residenciales, incendiaron el techo de un edificio, rompieron ventanas y causaron daños a viviendas y vehículos. Una de las demandantes afirmó que su apartamento fue atacado por prestar apoyo a manifestantes.
Según el documento judicial, Quero Silva solía ubicarse en primera línea y supervisar directamente las operaciones. Los demandantes aseguran haberlo reconocido durante las detenciones y en medio de las protestas, un elemento poco común en este tipo de casos de derechos humanos.
También lo acusan de ordenar torturas y tratos degradantes contra los detenidos, incluidos golpes con escudos antidisturbios y la obligación de permanecer agachados durante horas bajo custodia, prácticas que —afirman— se ejecutaban con su presencia y supervisión.
Las víctimas esperan que el proceso avance antes de que se concrete una eventual deportación y que el caso siente un precedente simbólico para quienes denuncian abusos cometidos durante la represión de las protestas en Venezuela.
