El Helicoide se impone ante la vista de toda Caracas, pero solo se comprende cuando se respira. Huele a encierro, a cloaca y a ropa que lleva meses sin secarse bajo el sol. El primer sonido que te queda grabado no es el de una orden, sino el golpe seco y metálico de un candado.
En ese instante, los 60.000 metros cuadrados de la estructura de concreto más ambiciosa de la capital se reducen a una celda de castigo de dos por dos, sucia, oscura, donde el piso es de tierra y las ratas se disputan el espacio con tus pies. reseñó El Pitazo.
Hasta hace apenas unos días, quienes atravesaban sus pasillos sobre la Roca Tarpeya no buscaban tiendas ni entretenimiento como lo visualizada el proyecto original. Lo hacían esposados y escoltados por hombres armados. Hoy, las celdas están vacías, pero la estructura sigue en pie como el testimonio mudo de una época de terror.
El Helicoide desde adentro
Esta espiral futurista fue concebida en los años cincuenta, bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, para convertirse en el centro comercial más moderno de América Latina. Su diseñador, el arquitecto Jorge Romero Gutiérrez, imaginó un edificio que reflejara la prosperidad petrolera de una Venezuela convencida de que el futuro ya había llegado.
Tendría un hotel, helipuerto, más de 300 locales y ascensores traídos de Viena que los caraqueños recorrerían sin bajarse de sus automóviles. Romero Gutiérrez imaginó un mañana que nunca llegó.
La construcción se paralizó en 1961 por problemas financieros y el edificio quedó a medio terminar. Durante décadas sirvió de refugio para damnificados y acumuló proyectos culturales que jamás prosperaron.
Su historia cambió de rumbo en 1982, cuando se convirtió en la sede de los organismos de inteligencia del Estado. Más tarde, en 2010, el entonces presidente Hugo Chávez ordenó habilitar sus espacios como cárcel. Con los años, comenzó a llenarse de rejas y el monumento a la modernidad se convirtió en el símbolo del miedo.
De vitrina futurista a símbolo del miedo
Organizaciones como Human Rights Watch, el Foro Penal y la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han documentado allí torturas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Los informes detallan que los crímenes cometidos en el recinto fueron orquestados desde los niveles más altos del Estado y la cúpula de los servicios de inteligencia para neutralizar a la disidencia.
La Misión ha identificado a altos funcionarios específicos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como responsables de cometer y tolerar estos crímenes, los cuales se han mantenido en total impunidad. El peso de estas denuncias también encontró un eco vinculante el 10 de junio de 2026 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió un histórico fallo donde ordenó formalmente al Estado venezolano el cierre definitivo de El Helicoide. La sentencia surge tras resolver el caso de la detención arbitraria de un estudiante en 2003 dentro de esas mismas instalaciones.
Esta resolución no hace más que refrendar legalmente el horror que organizaciones civiles han gritado por años. Un caso emblemático fue la muerte del concejal Fernando Albán en 2018. El hecho ocurrió en circunstancias que el gobierno calificó como suicidio, pero que sus familiares y activistas denuncian como un asesinato.
Vivir para contar el horror
Pero los informes internacionales no tienen olor. Tampoco transmiten la humedad que se pega a las paredes. Para entender lo que pasa ahí adentro hay que escuchar a quienes sobrevivieron a su estructura.
Carlos Julio Rojas, periodista y activista de derechos humanos, pasó 21 meses detenido en El Helicoide tras ser arrestado por el Sebin y acusado de intento de magnicidio. Su relato permite recorrer los pasillos ocultos y entender cómo respira el edificio.
La entrada por la que lo ingresaron no sale en los reportajes de televisión. «Pasas primero por un estacionamiento», recuerda Rojas. Allí lo esperaba un funcionario de alto rango de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que comenzó a insultarlo y cuyo nombre prefirió no mencionar. De inmediato lo llevaron a una oficina de investigaciones, el punto de paso obligatorio para todos los recién llegados.
En esa zona conviven oficinas, pequeños calabozos, un baño y las áreas de guardia. Rojas pasó sus primeros diez días allí, esposado con un sistema que los detenidos llaman «el pulpo». Las esposas solo se las aflojaban lo suficiente para que pudiera comer o ir al baño
Cuando le anunciaron su traslado al área de reclusión, el despliegue lo tomó por sorpresa: una camioneta, dos vehículos de apoyo y custodios con fusiles para moverlo apenas unos metros dentro del mismo complejo.
Tras cruzar un portón que antes era azul y ahora está pintado de negro, llegó a una cancha de baloncesto. Durante sus primeros meses, el lugar todavía recibía aire de la calle. «Te pegaba un poco de brisa en la cara», cuenta. Tiempo después, las autoridades colocaron láminas metálicas alrededor y taparon la entrada de viento.
La verdadera dureza de los calabozos
A Rojas lo asignaron primero al sector D, en la parte superior. Recuerda el camino de memoria: un pasillo largo, una celda de mujeres, el calabozo donde estaban algunos detenidos del caso PDVSA-Cripto y, finalmente, su puerta a la prisión.
Al entrar, observó a varios presos viendo una telenovela en un televisor conectado a la señal nacional. La imagen no encajada con el terror de los días previos, pero la verdadera dureza del penal no estaba en la primera impresión, sino en el peso de la rutina.
Junto a sus compañeros de celda, pasaba los días entre cuatro paredes. Solo le permitían ver el sol tres veces por semana: una hora los lunes, una los miércoles y una los viernes. Para salir al patio, los custodios los obligaban a vestirse con un uniforme azul. El calabozo tenía un solo baño para todos, lo que convertía la higiene diaria en una complicación constante.
El ruido ambiental se reducía a un solo estímulo: el golpe del candado. La llave girando en la cerradura y el impacto del metal al abrir y cerrar, repitiéndose durante 21 meses. Los custodios los despertaban temprano para el conteo, grababan en video sus caminatas en fila hacia el patio y vigilaban cada conversación. Las cámaras registraban audio y video las 24 horas.
Con el tiempo, trasladaron a Rojas al sector A, en la parte baja de la prisión. El espacio era más amplio, pero compartía la celda con 15 personas. Las literas abarrotaban el lugar y el aire se volvió denso. Había un olor constante a drenaje y encierro. La humedad impregnaba la ropa y los colchones. De noche, Rojas tenía que usar una linterna pequeña para poder leer debido a la falta de luz.
Esa precariedad de la que habla Rojas tiene otra cara: el desgaste de las familias afuera. En El Helicoide, el Estado no garantiza absolutamente nada, y mantener a un preso vivo y con un mínimo de dignidad recae por completo en los bolsillos de sus seres queridos.
Una mujer que sobrevivió a esos mismos calabozos recuerda el esfuerzo económico que implicaba estar allí dentro: «Cada cosa, desde una silla hasta una cocina, una cama y un colchón que tiene el preso es porque se lo compra la familia. Hasta el agua (…) que administraban ellos, cerrando y abriendo a su discreción (..) Compramos hasta el protector para que no se metieran los ratones».
Convivir con las ratas en «Los Tigritos»
Al igual que en otras prisiones venezolanas, en El Helicoide existen «los tigritos», celdas de aislamiento y castigo. Rojas pasó por dos de ellas. La primera era un cubículo de dos metros por dos metros, sin luz eléctrica y con piso de tierra donde dormía sobre una tabla.
Una tubería rota en el suelo servía como desagüe y como entrada para las ratas.«Conviví con ellas», relata. Intentó tapar el agujero, pero fue inútil. Escuchaba cómo salían de la cañería a oscuras para caminar por la celda. Pasó quince días sin poder bañarse, usando bolsas plásticas para sus necesidades que luego arrojaba por el mismo tubo. El olor era insoportable.
Un funcionario del Sebin que trabaja en el edificio y accedió a hablar con El Pitazo, bajo condición de anonimato, confirmó que estas celdas se utilizaban para quebrar psicológicamente a los presos que protestan o exigen derechos. «El objetivo era que los demás vean el castigo y guarden silencio», dijo.
Admitió, además, que una de las técnicas de tortura aplicadas consistía en «asfixiar a la persona con una bolsa plástica, aplicarles descargas eléctricas o darles golpizas».
A esa crueldad se sumaba la falta de atención médica. Rojas recuerda que lograr que le tomaran la tensión era una batalla diaria; los custodios se burlaban de los reclusos cuando se sentían enfermos.
En una ocasión, la situación se tornó crítica: «Un día tuve la fiebre en 40 grados y sentí que la tensión se me había subido muchísimo. Les pedía a gritos que me llevaran al médico y no hicieron nada», relata el periodista. Este trato inhumano era recurrente.
Sin embargo, los abusos no siempre lograban su cometido. En una ocasión, un oficial de alto rango intentó golpear a Carlos Julio en la cara. El funcionario levantó la mano, pero en el último segundo dudó y descargó el puño contra la pared del calabozo.
Las requisas en El Helicoide también eran rudas. El 27 de diciembre de 2024, una comisión de la Dgcim rompió la calma del lugar. Sacaron a los detenidos a la fuerza, los obligaron a tirarse al suelo y los marcaron con números en la piel, de forma similar a como se marca a las personas en las colas de los mercados.
«¡Tírense al suelo, hínquense!», gritaban los funcionarios encapuchados a hombres y mujeres por igual. «Fue humillante», recuerda el periodista. En esa requisa le quitaron sus libros, aunque se los devolvieron semanas después.
Mentiras diplomáticas
El nombre de El Helicoide volvió a las portadas internacionales el 2 de junio de 2026. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, declaró ante el Senado que el centro de detención había sido clausurado como parte de las negociaciones para la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
Pero las familias de los presos y los activistas alertaron que la estructura seguía activa. Ante la presión, la administración de Delcy Rodríguez ejecutó un traslado masivo el 3 de junio: los 90 reclusos restantes subieron a unos autobuses y los distribuyeron en cárceles comunes como Tocuyito y El Rodeo, donde les toca empezar desde cero.
En realidad, la medida no significó la clausura de El Helicoide; simplemente lo vaciaron para sostener la versión oficial. Hoy, las oficinas operativas del Sebin siguen funcionando.
En sintonía con esto, la ONG Realidad Helicoide advirtió que un cierre real exige la liberación inmediata de las víctimas y no el simple traslado del horror hacia otras prisiones.
Para Realidad Helicoide, un verdadero cierre implica reconocer el crimen, desmantelar al Sebin y la Dgcim, juzgar a los responsables y liberar a todos los presos políticos.
El movimiento cerró su reclamo con una advertencia clara para quienes dirigen el aparato represivo del Estado: en Venezuela habrá justicia y no deben olvidarlo.
Por esta razón, Carlos Julio Rojas insiste en que la estructura de concreto debe ser convertida en un Museo de la Memoria. Teme que ocurra lo mismo que con La Rotunda o la sede de la Seguridad Nacional, cárceles icónicas de las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez que fueron demolidas y borradas del mapa urbano, diluyendo el recuerdo de sus víctimas. Hoy, en esos espacios históricos y geográficos, están ubicadas las plazas La Concordia y Morelos.
«Cuando se olvida lo que ocurrió, existe el riesgo de repetirlo, por eso vimos en 1999 a muchas personas pidiendo la capucha, a pesar de que vivimos dictaduras atroces», dice Rojas.
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