El juicio por el caso Pdvsa Cripto se acerca a su fin tras la audiencia número 19, celebrada el pasado 12 de junio. En esta sesión, los acusados aseguraron ser inocentes, negándose a admitir los hechos imputados por el Ministerio Público. Para este lunes 15 de junio, se espera que el fiscal Eddie Rodríguez —quien ha sido objeto de recusación por parte de las defensas debido a presuntas violaciones a los derechos humanos durante el proceso— presente sus argumentos para contestar las múltiples incidencias planteadas.
Desde el inicio de las audiencias, el pasado 20 de abril, la jueza Alejandra Romero Castillo ha optado por cerrar el procesos a los ojos y oídos de la prensa. Pese a esta restricción, TalCual ha podido conocer que en lo que va de juicio, el banquillo de los acusados se transformó en una tribuna de denuncias donde los procesados califican el expediente como una «simulación de hecho punible» y una purga política. Según los testimonios, a los que este medio ha tenido acceso, el objetivo del proceso no es la búsqueda de justicia, sino la reconfiguración del poder interno y el control de activos estratégicos que, durante años, permanecieron fuera de las auditorías estatales.
Mientras el país exige conocer el destino de los 21.200 millones de dólares que Pdvsa perdió por vender crudo a través de intermediarios opacos, el proceso judicial se ha transformado en una escenografía de denuncias sobre torturas, aislamiento prolongado y pugnas por la propiedad privada. Tres años después del inicio de las investigaciones, el debate se ha alejado de la arquitectura financiera de los criptoactivos para centrarse en un esquema que, de acuerdo con los involucrados, ha servido para la liquidación de patrimonio privado.
Pdvsa Cripto: acusados se declaran inocentes
Una fuente cercana al proceso cuenta a TalCual que las tensiones escalaron desde la semana antepasada, con la negativa de las autoridades a trasladar a los acusados al Palacio de Justicia desde sus centros de reclusión. En la audiencia del 10 de junio, las defensas rechazaron al formato telemático. El reclamo fue desestimado por la jueza que declaró sin lugar las oposiciones al formato, alegando supuestas medidas de seguridad que impiden el traslado de los detenidos desde Rodeo I. Durante esta sesión, Tarek El Aissami, exministro de Petróleo, y quien en algún momento fue alto jerarca del Partido Socialista Unido de Venezuela, denunció la omisión de socorro médico ante su delicado estado de salud, calificando las condiciones de reclusión y el manejo del expediente como prácticas de «pena de muerte» por parte del Estado, al tiempo que cuestionó la falta de transparencia y publicidad del juicio.
Con la intervención del fiscal Rodríguez, prevista para el 15 de junio, y el posterior pronunciamiento de la jueza sobre las incidencias presentadas, el caso Pdvsa Cripto parece agotarse en su fase de exposición, dejando atrás un rastro de denuncias sobre irregularidades procesales que ponen en duda la legitimidad del proceso judicial en su conjunto.
"La última oportunidad"
De acuerdo con transcripciones de la audiencia del viernes 12 de junio, a las que tuvo acceso TalCual, el encuentro estuvo marcado por solicitudes de las defensas técnicas, que oscilaron desde denuncias por el deterioro de la salud de varios procesados hasta peticiones de libertad basadas en los anuncios recientes de la Comisión para la Revolución Judicial. La jornada inició a las 5:00 p.m. bajo modalidad telemática, concluyó cerca de las 9:00 p.m.
Estuvieron presentes el fiscal Eddy Rodríguez en representación del Ministerio Público; Ronald Díaz, de la Procuraduría General de la República; representantes de Pdvsa y de la Defensa Pública.
Durante el primer bloque de la sesión, la jueza de la causa otorgó el derecho de palabra a los abogados defensores, quienes expusieron diversas incidencias procesales.
Las peticiones de los defensores
La defensa de Tarek El Aissami reiteró la urgencia de atención médica especializada. Informó que el acusado presentaba dificultades para caminar durante su conexión desde Rodeo I. Solicitaron el ingreso de un equipo de laboratorio y un médico de confianza para realizar exámenes diagnósticos.
El abogado de Ernesto Vivanco solicitó atención oftalmológica especializada y medicamentos para su defendido, debido a una ruptura de vasos sanguíneos en su ojo.
La defensa de los hermanos De Grazia, hermanos Perdomo, Roland González y Kerlys López invocó los anuncios realizados el miércoles 10 de junio por la Comisión para la Revolución Judicial, encabezada por Diosdado Cabello. Argumentaron que, al cumplirse más de dos años de privación de libertad sin sentencia, sus representados deben ser excarcelados con libertad plena o medidas cautelares sustitutivas, alegando que no existe sustento legal para mantener la prisión preventiva durante el desarrollo del juicio.
Otros abogados, como los de Pedro Herrera, Salem Atrach, Daniel Pietro Pietro y Joana Torres, también solicitaron medidas cautelares, revisiones de medidas o la promoción de pruebas complementarias.
Alvaro Pulido, la revocación de la audiencia telemática
La defensa de Álvaro Pulido interpuso un recurso de revocación contra la continuidad de la audiencia telemática y solicitó que se informe sobre la situación de seguridad que impide el traslado físico de los detenidos. En tanto, la defensa de Olvany Castro insistió en la inocencia de su representada, argumentando que su vinculación al proceso deriva exclusivamente de su relación personal con el exdiputado Hugbel Roa.
Ese mismo día, tras un receso y dificultades técnicas para reconectar con el centro de reclusión Rodeo I, la jueza procedió a explicar el procedimiento de admisión de hechos establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Enfatizó que esta era la «última oportunidad» para acogerse a dicha figura.
Al ser consultados individualmente, todos los acusados presentes ratificaron su inocencia y manifestaron que no deseaban admitir los hechos. La jueza instó a varios de los procesados a responder únicamente «sí» o «no» ante la pregunta. Quería evitar manifestaciones sobre su inocencia durante esta etapa específica del procedimiento.
Debido a las interrupciones en la conexión telemática, la audiencia fue suspendida a las 9:00 p.m. La jueza fijó la continuación del juicio para el lunes 15 de junio a las 11:30 a.m, momento en el cual el fiscal Eddie Rodríguez iniciará su intervención para contestar las incidencias y solicitudes planteadas por la defensa.
Jueza negó audiencias presenciales
La sesión del 10 de junio estuvo marcada por una confrontación entre los acusados y la jueza a cargo, tras el rechazo de las solicitudes de la defensa para realizar las audiencias de manera presencial. La funcionaria Alejandra Romero Castillo declaró sin lugar la solicitud de los abogados de revocar el formato telemático, bajo el argumento de que las autoridades del Rodeo I manifestaron la existencia de medidas de seguridad que impedían el traslado físico de los detenidos al tribunal.
La jueza advirtió a los juristas que debían evitar el uso de tácticas «dilatorias», señalando que daría prioridad a la declaración de los acusados pendientes antes de permitir la presentación de nuevas incidencias. En el transcurso de la audiencia fueron llamados a declarar Manuel Parra, José Luis Orta Silva, Kerlys López, Armando Salazar, Roland González y Álvaro Pulido. Sin embargo, todos ellos dijeron que no rendirían declaración en esa oportunidad.
El Aissami quiere ir a la sala de audiencias
Durante la audiencia, El Aissami solicitó nuevamente rendir testimonio. En su intervención, expresó su deseo de ser trasladado a la sala de audiencias, denunciando que las fallas en la señal le impedían escuchar los pronunciamientos del tribunal. Cuestionó la versión oficial sobre las medidas de seguridad, tildándola de «excusa balurda» y señalando contradicciones entre la secretaria del tribunal y la jueza sobre la emisión de las boletas de traslado.
Se pudo conoce que El Aissami señaló que la jueza se «empeña en cercenar la justicia» realizando la audiencia de forma virtual. Dijo que perdió la fe en la juez y que el sistema lo aplastó con todas las prácticas «primitivas». Denunció que ya el Estado lo asesinó moralmente sin un juicio justo y que ahora pretenden asesinarlo físicamente. Exclamó que Venezuela tiene que saber la verdad de este Juicio, que todo son inocentes y que los verdaderos responsables de hechos corruptos con Pdvsa están libres todavía.
Práctica de pena de muerte
El Aissami denunció lo que calificó como una práctica de «pena de muerte» ejercida por el Estado, la cual describió como una negación del derecho a la salud y una omisión de socorro. Mencionó los casos del general Raúl Isaías Baduel y Víctor Quero como antecedentes de presos que fallecieron bajo custodia estatal, y manifestó su temor por su integridad física.
Insistió en su necesidad de ser operado, basándose en un informe médico del 2 de junio de 2026. Enfatizó que no autorizaría procedimientos quirúrgicos sin la presencia de su esposa, su abogada, un médico de confianza y fiscales de derechos fundamentales.
En su declaración, el exministro también arremetió contra las condiciones de reclusión en el centro que denominó «Cesmas, centro de servicios especiales de máxima Crueldad». Calificó el expediente en su contra como «bazofia». Además, cuestionó el principio de publicidad del juicio, al argumentar que el proceso debería ser televisado y de interés público.
El otrora jerarca chavista aseguró que el Ministerio Público ha ocultado información sobre quiénes eran realmente los clientes de Pdvsa. Afirmó que él es la persona más interesada en que esos hechos se conozcan.
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