El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) emitió una alerta dirigida a la comunidad nacional e internacional para denunciar la situación que enfrentan los detenidos en el centro penitenciario El Rodeo I, en el estado Miranda, tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.
A través de un comunicado difundido en sus cuentas de redes sociales, la organización aseguró que la infraestructura del penal habría quedado "severamente comprometida" por los movimientos telúricos y advirtió sobre el riesgo que, a su juicio, representa mantener a los reclusos en esas instalaciones.
Según el Clippve, recientemente un ingeniero inspeccionó las instalaciones de El Rodeo I acompañado por funcionarios policiales. Aunque posteriormente se informó de manera oficial que el penal era habitable, la organización afirmó que los presos políticos les comunicaron que el especialista les habría manifestado, de forma privada, que estaba siendo presionado para emitir esa evaluación.
El comité sostuvo que los internos denuncian la existencia de columnas fracturadas y otros daños estructurales, incluyendo afectaciones en las camas de cemento donde duermen, lo que los obliga, según señalaron, a permanecer en condiciones aún más precarias.
Restricciones para alimentos y atención médica en El Rodeo I
El Clippve también denunció que, pese a las presuntas fallas estructurales en El Rodeo I, las autoridades penitenciarias mantienen a los detenidos recluidos en sus celdas.
Además, aseguró que a los familiares no se les permite ingresar alimentos ni agua potable, situación que, según indicó, ha generado problemas de desnutrición y ha agravado el estado de salud de algunos reclusos con enfermedades preexistentes, quienes, afirmó, tampoco estarían recibiendo atención médica adecuada y oportuna.
Solicitan inspección independiente
En el comunicado, la organización sostuvo que estas condiciones contravienen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela), al considerar que las personas privadas de libertad deben contar con condiciones dignas de habitabilidad, acceso a agua potable, alimentación suficiente y atención sanitaria.
Asimismo, recordó que, de acuerdo con el derecho internacional, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la vida, la integridad física y la salud de las personas bajo su custodia.
Por ello, el Clippve hizo un llamado a la sociedad civil y a los organismos internacionales para documentar y dar seguimiento a la situación en El Rodeo I. Entre sus principales exigencias figuran la realización de una evaluación estructural independiente del penal, el acceso inmediato de los familiares para suministrar alimentos y agua potable, y atención médica urgente para los reclusos que presentan problemas de salud.
Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no habían emitido un pronunciamiento público en respuesta a estas denuncias.
