A través de un mensaje en sus redes sociales, el canciller Félix Plasencia, anunció que denuncia el Estatuto de Roma y, por consiguiente, la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional, lo que incluye la notificación al secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre la decisión tomada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y sus motivaciones.
“Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global”, reseña el diario español El País, este viernes.
Desde hace tiempo el chavismo viene enfilando contra la CPI, donde está abierta una investigación por presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, como torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violencia sexual, para la que más de ocho mil víctimas de persecución política que han aportado sus testimonios.
Según Plasencia, la institución “ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger” y denuncia un “lawfare” que, en su opinión, perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir”.
Hace dos días, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en un artículo publicado en The Wall Street Journal que Estados Unidos se había propuesto desmantelar la Corte Penal internacional, “ladrillo a ladrillo si es necesario”. “Esto es solo el comienzo. Utilizando todas las herramientas a disposición de nuestro Gobierno, trabajando codo a codo con cada aliado con quien podamos unir fuerzas, desmantelaremos la CPI”, escribió Rubio en ese artículo.
¿Búsqueda de Impunidad?
Caracas comparte con Washington, de acuerdo con analistas, el objetivo de asegurarse impunidad con la eliminación de una de las mayores instancias de justicia internacional. En el caso de Venezuela, sobre el largo historial de persecución política contra los opositores al chavismo y en el caso de Estados Unidos por sus operaciones militares en Irán o Gaza.
También sobre bombardeos a embarcaciones el Caribe ocurrido el año pasado, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, que llevaron a la propia Delcy Rodríguez, como vicepresidenta de Maduro, a exigir que la CPI las investigara como ejecuciones extrajudiciales.
La denuncia al Estatuto de Roma no implica un retiro inmediato. Toma año un hacerse efectivo, una vez se notifica de forma oficial al secretario general de la ONU. Durante ese lapso, el país sigue sujeto a cumplir sus obligaciones, incluida la cooperación en las investigaciones que se están adelantando.
“Es bien lamentable, porque Venezuela formó parte de los países que redactó el estatuto y esto no ayuda en nada a que la justicia internacional se fortalezca”, explica Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia. La medida no debería dejar en el limbo el expediente de Venezuela, que es el primer país de América Latina contra el que ha avanzado un caso en esta instancia.
Lee la nota completa en El País (España)…
