Los licoreros denunciaron en la asamblea extosiones por parte de funcionarios de la policía. (Foto Arturo Rodríguez)

Darío Sánchez García || [email protected]

Los licoreros de San Joaquín denunciaron el cobro de vacuna por parte de funcionarios de la Policía Municipal, durante las aplicaciones de multas en los locales, en una asamblea en el Concejo Municipal en la que asistieron además de representantes de gremio, los ediles y el director de la policía.

Los dueños de negocios que expusieron sus quejas coincidieron en que además de las extorsiones por 500 bolívares, funcionarios también se extralimitan, abusan, en la aplicación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, acciones que según ellos, limita sus derechos al libre trabajo.

Cheo Salcedo, Luis Sánchez, Juan Carlos Oviedo y Carlos Oliveros, todos dueños de licorerías, insistieron en denunciar “agresiones” y “atropellos” por las actitudes “violentas” de los funcionarios. Estas quejas fueron el principal argumento de los demandantes.

Marilin Vázquez, comerciante, acusó, en el mismo contexto, que un funcionario de la policía rentó el local, Pollo a la Broster “El Cuadro”, al que según ella no se le aplican las ordenanzas y al que señaló de reunir a uniformados para beber cervezas sin ninguna restricción.

José Sevilla, abogado defensor del gremio, apuntó que la policía ni la dirección general de la alcaldía están facultadas para aplicar multas, por lo que las actas administrativas y los procedimientos aplicados a los licoreros son “nulos”, con “vicios de forma y fondo” que pueden ser comprobados en un tribunal.

Las multas son competencias de Hacienda Municipal que también debe respetar el debido derecho a la defensa de los multados, obligación que tampoco se cumplió, añadió Sevilla.

La concejala Edenia Guillén, vicepresidenta del Concejo Municipal, respaldó las denuncias de los comerciantes.

Esta asamblea fue convocada por “irregularidades” en contra de los licoreros. “Han violentado los parámetros de la ordenanza y han pasado por encima del cuerpo edilicio”, acusó.

Guillén añadió que la ordenanza establece que la dirección de Hacienda Municipal es la encargada de aplicar actos administrativos y que el contribuyente tiene diez días para refutar y defenderse.

Actas no multas

Antonio López, director de la Policía Municipal, apuntó que él levanta actas sobre las licorerías que infringen la ordenanza, pero que no coloca multas por no tener competencia para ello.

“La norma establece sanciones y yo soy un operador de la ley”, argumentó el también abogado.

La función como jefe del cuerpo de seguridad es velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales que los concejales aprueban. La culpa de que esté prohibido beber frente a las licorerías es de la norma, no mía, insistió López.

El también presidente del Cuerpo de Bomberos pidió las evidencias de los casos planteados sobre supuestas extorsiones, infracciones por parte de funcionarios y todos los alegatos expuestos, para emprender investigaciones.

Al final de la asamblea se fijó una reunión a las 2 de tarde de este jueves en el Club Estrellas del Ayer, en la que están invitados la directora de Hacienda Municipal, el Síndico Procurador, la GNB, la Policía Municipal, la Policía de Carabobo, los representantes legales de los licoreros y los dueños de los negocios, en la que se espera sea alcanzado un acuerdo en el que no se transgreda la ordenanza y tampoco se afecten los ingresos de los comerciantes.




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