Roberto Orta, presidente de Apiur. (Foto Archivo/El Carabobeño)
Ana Rodríguez Brazón || arodriguez@el-carabobeno.com
El juego habitacional está trancado y las posibilidades de iniciar una nueva partida dependen del Gobierno nacional con una posible modificación de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de vivienda, promulgada en noviembre de 2011. Quienes tienen una propiedad no la alquilan, y quienes ya son inquilinos no quieren abandonarla. Hay un callejón sin salida, con 40 mil juicios que reposan en tribunales de dueños de inmuebles que desean recuperar lo que con esfuerzo consiguieron.
Tres años atrás todavía era un buen negocio alquilar un apartamento o una casa a una familia que por carencias económicas, no pudiera comprar a plazo corto una vivienda propia. Se respetaban los contratos y cuando el arrendatario decidía que era momento de finiquitar la relación, los inquilinos abandonaban el inmueble. Cuando surgía alguna disputa, las alcaldías disponían de una oficina para solventar el posible descontento y luego los tribunales hacían lo suyo.
Ahora el panorama es otro. El inquilino goza de más beneficios según la ley que en vez de aportar soluciones complicó el juego, pues la desconfianza ha hecho que nadie se quiera arriesgar a alquilar. Los habitantes se quedan con la casa o pasan años de litigio debido a la recentralización de los mecanismos.
Para Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), las consecuencias de esta norma fueron advertidas. La ley trajo la desaparición de la oferta y afectó a quienes no tienen vivienda y de manera honesta se comprometerían a arrendar un apartamento o casa.
El déficit habitacional ha incrementado y no hay esperanzas que reduzca en los próximos años, pues los bancos dan créditos pequeños que no cubren ni la mitad de lo que cuesta una vivienda, y el alto costo de las mismas impiden que cualquier venezolano pueda acceder a ellas.
En ocasiones se han conocido historias en las que los dueños de apartamentos duermen en los pasillos porque los inquilinos no quieren salir y están protegidos por la ley, que los benefició excesivamente.
Si un afectado quiere comenzar a pelear por su propiedad, desde hace dos años, no lo puede hacer ante los 500 tribunales que existen en el país, sino en la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi) que solo existe una por estado y no se da abasto con la cantidad de solicitudes, explicó Orta.
Una vez que el proceso es gestionado en Sunavi pasa más de un año para iniciar el acto conciliatorio entre las partes, luego transcurre alrededor de uno o dos años más en tribunales y el conflicto regresa a la superintendencia para ubicar en un refugio al inquilino. En dos años solo se han concedido dos refugios, dijo Orta.
El presidente de Apiur lamentó la negación de la justicia, pues los canales regulares son a través de un tribunal y no de una oficina administrativa. “Estas leyes van contra la propiedad privada y no solucionan ningún problema”.
Aunque legalmente un inquilino no es un invasor, pues ingresó a la propiedad con consentimiento y bajo un contrato, ante los ojos de los afectados sí lo es, sentenció Orta, quien insistió en la modificación de la ley, especialmente para eliminar la ubicación en el refugio, pues ni a los damnificados se lleva a uno.
En Sunavi reposan alrededor de 12 mil solicitudes que aún no llegan a tribunales, lo que se traduce en más de 50 mil propietarios que desean les devuelvan sus inmuebles.” El Gobierno trató de proteger al inquilino de manera excesiva pero fue peor, porque ni siquiera logró el objetivo que era fomentar el alquiler. Quien recupera una casa no la vuelve a alquilar”.
