Los abogados del gobernador de Miranda, Henrique Capriles, informaron que pedirán medidas cautelares para suspender la inhabilitación de 15 años que la semana pasada le impuso la Contraloría General de Venezuela, lo que le impide ejercer funciones públicas.
Estamos ahorita analizando, estudiando las distintas estrategias, dijo en rueda de prensa Rafael Chavero, uno de los abogados de Capriles. Ante esta decisión del contralor, comentó que le parece ilógico que por una multa se le otorguen 15 años de inhabilitación a su cliente.
El letrado explicó que, contra la anhabilitación de la Contraloría, se puede «ejercer un recurso de reconsideración ante el mismo contralor, o ejercer un recurso de nulidad ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)». También cuentan con otras instancias internacionales a los fines de pedir medidas cautelares, aunque no detalló a cuáles irán, ni cuándo. «Estamos evaluando cuál de todas estas herramientas es la más indicada para hacer valer la defensa del gobernador».
Chavero resaltó que Capriles seguirá siendo gobernador hasta que haya elecciones regionales ya que, por Constitución, la Contraloría no puede revocar el mandato de un funcionario electo por voto popular. «Esas inhabilitaciones no están hechas para funcionarios de elección popular eso es para funcionarios, en todo caso, administrativos», aseguró, a la vez que indicó que cesará de sus funciones solo cuando los mirandinos elijan un nuevo gobernador.
La inhabilitación todavía no es un acto firme, por lo que es objeto de impugnación y, por tanto, de «revisión judicial». Serán los tribunales los que tengan «la última palabra» con respecto a esta decisión de la Contraloría.
A pesar de que varios dirigentes chavistas han instado a las autoridades venezolanas a investigar a Capriles por diversas razones, este no ha sido notificado formalmente de ningún otro procedimiento legal en su contra, ni penal ni administrativo.
La Contraloría de Venezuela inhabilitó el pasado viernes por un periodo de quince años al dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela por aceptar donaciones, contratar sin licitar y no presentar el proyecto de ley de presupuesto del año 2013.
Según la resolución enviada a Capriles, el organismo declaró su responsabilidad administrativa luego de haber celebrado tres convenios con las embajadas de Polonia y el Reino Unido que el gobernador registró como donaciones. Los acuerdos fueron firmados en 2010 y 2011 y dejaron a la Gobernación de Miranda ingresos extraordinarios por 96 mil 630,05 bolívares (más de 22 mil 400 dólares al cambio oficial de entonces), que fueron reflejados en el presupuesto como donaciones y subvenciones.
Con este último acto, la Contraloría afirmó que se violó el artículo 150 de la Carta Magna venezolana, puesto que los convenios no recibieron la aprobación del Parlamento, que en ese momento controlaba el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El recurso de reconsideración ante la Contraloría puede introducirse dentro de un lapso de 15 días hábiles a la fecha de notificación, mientras que el recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo puede presentarse dentro de un lapso de 180 días continuos a partir de esa misma fecha.
