El embajador argentino Mario Javier Oyarzábal alertó este martes en la reunión anual de los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) que Venezuela no puede considerarse un Estado de derecho y denunció el asedio a su sede diplomática en Caracas donde están refugiados seis opositores del país caribeño.
“La situación en Venezuela exige una atención inmediata”, advirtió el embajador en su discurso en el que lamentó profundamente la falta de avances sustantivos en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la CPI por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Expresó que tras las elecciones del 28 de julio, “las circunstancias en el país se han deteriorado aún más. Venezuela no puede considerarse un Estado de derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada”.
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Consideró que en este contexto las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional.
Asedio a la Embajada de Argentina en Caracas
Oyarzábal, embajador ante los Países Bajos, denunció en la reunión en La Haya, sede de la CPI, que la misión diplomática en Caracas “ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores armados no identificados en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro”.
El embajador se refería a seis opositores miembros de Vente Venezuela y del Comando con Venezuela, que tienen ocho meses protegidos en la sede diplomática. Sin embargo, desde hace 10 días denuncian un asedio sistemático con agentes del Estado en los alrededores, corte del servicio eléctrico e impedimentos para acceder a agua potable.
Oyarzábal explicó que actualmente la sede de la embajada y los asilados se encuentran bajo la protección de Brasil, después de que los diplomáticos argentinos fueran expulsados del país en agosto.
“No obstante, es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados”.
El embajador exhortó a la Corte Penal Internacional “a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. La impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”.
Venezuela acentuó sus crisis políticas después de que se proclamara al presidente Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, sin que se revelaran resultados detallados.
La oposición denunció fraude y aseguró que el triunfo corresponde realmente a su abanderado Edmundo González Urrutia. Más de 2.400 personas fueron arrestadas en el marco de las protestas contra el resultado oficial de los comicios.
Los seis opositores asilados en la embajada son requeridos por la justicia venezolana por conspiración y traición a la patria, entre otros delitos.
