El combustible, más que un insumo operativo, se ha convertido en un punto ciego dentro de la contabilidad empresarial. La facturación, que debería ser un trámite rutinario de cargar gasolina deriva en un vacío legal que golpea directamente a quienes dependen de flotas para sostener su actividad económica.
Desde la Cámara de Comercio de Valencia, su presidente Ernesto Abbas pone el foco en una práctica que se ha normalizado. Las estaciones de servicio no entregan facturación fiscal por la venta de combustible. En algunos casos, el documento aparece en la tienda de conveniencia, pero no en el servicio principal, precisa el líder del gremio.
El problema es que al momento de declarar a la entidad fiscal no existen facturas que reportar, lo que se traduce en un vacío imposible de demostrar.
Para empresas que operan con vehículos desde distribución hasta servicios técnicos, el combustible representa una porción significativa de sus costos, señala Abbas. Al no contar con respaldo fiscal válido, ese gasto queda fuera de los libros. La consecuencia no es menor: terminan pagando Impuesto Sobre la Renta por ingresos que, en la práctica, ya fueron utilizados para operar. Todo porque las gasolineras no hacen una correcta facturación.
La notica de entrega
El problema no solo es tributario, también roza la informalidad. Muchas compañías, en un intento por registrar el gasto, recurren a notas de despacho que no tienen validez como factura. En ese cruce, lo que debería ser una obligación del proveedor termina trasladándose como riesgo al contribuyente. La línea entre cumplir y quedar expuesto se vuelve difusa.
En un recorrido hecho por El Carabobeño se evidenció que ninguno de los establecimientos estuvo en capacidad de entregar una factura fiscal, a pesar de que algunas están más organizadas con taquillas de pago y por ende, deberían estarlo con el proceso de faturación.
Algunas de las que ofrecen nota de entrega son la de Bosqueserino y Lara. Otras como Michelena dan una copia de factura del punto de venta con una firma por la parte trasera en un intento por darle mayor validez al documento fiscal.
Daniel Jaramillo tiene 27 años y trabaja por su cuenta haciendo traslados dentro de Valencia. No tiene empresa, pero sí una rutina estricta: gasolina, carreras y, al final del día, números. “Yo gasto fácil $20 al mes en combustible. Eso es lo que me permite trabajar. Por fortuna, mi vehículo es híbrido. Pero cuando voy a registrar lo que hice en el mes, ese dinero no aparece como gasto formal”, dice mientras revisa su teléfono, donde lleva anotaciones en la aplicación del blog de notas.
No habla en términos técnicos, pero entiende el problema. “A veces me dan una notica, una cosa ahí, pero eso no es facturación. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo por fuera? ¿Lo meto igual? Uno termina improvisando”. La palabra se le queda rondando: improvisar. Es la misma que usa cuando explica cómo arma su día, cómo decide rutas, cómo calcula si vale la pena aceptar un servicio lejos. “Todo suma. Pero si no puedes demostrar en qué lo gastaste, es como si no existiera”.
Con las empresas que ha trabajado se ha vuelto un problema darles las notas de entrega porque le exigen facturas formales. “Eso me genera tantos conflictos y a veces las empresas son intransigentes, pero ¿cómo justifico yo una factura sencilla de punto de venta? Y tú reclamas y te miran mal”.
El costo de la gasolina
En este sentido hay que acotar que la gasolina en Venezuela dejó de ser, hace tiempo, un símbolo de abundancia para convertirse en una variable más dentro de la ecuación cotidiana. Aunque el país mantiene uno de los precios más bajos de la región en términos comparativos, la referencia real para buena parte de la población se ubica en el esquema internacional, que ronda los 0,45 a 0,50 dólares por litro. En ese contexto, el impacto del combustible ya no se mide solo en litros, sino en proporción al ingreso.
Para un conductor de vehículo compacto, con un consumo promedio de siete litros por cada 100 kilómetros, el gasto mensual puede situarse alrededor de los 40 a 45 dólares. La cifra, que en otros mercados podría parecer manejable, en Venezuela representa una porción significativa del ingreso mensual de muchos trabajadores, especialmente en sectores informales o de servicios.
En el caso de camionetas o vehículos utilitarios, el escenario cambia. Con un consumo que oscila entre los 10 y 12 litros por cada 100 kilómetros, el gasto mensual se eleva fácilmente a un rango de entre 60 y 70 dólares. No se trata únicamente de un incremento técnico en el consumo, sino de una presión directa sobre la capacidad de movilidad y trabajo. Mantener este tipo de vehículos implica, en muchos casos, reducir otros gastos o limitar el uso.
El impacto se vuelve aún más evidente en el transporte de carga. Un camión puede consumir entre 25 y 35 litros por cada 100 kilómetros, lo que traduce su operación mensual en desembolsos que van desde los 150 hasta más de 200 dólares, dependiendo de la intensidad del trabajo. En este nivel, el combustible deja de ser un gasto operativo más para convertirse en el eje que define la viabilidad del servicio.
¿Y el Seniat?
No se trata de una denuncia reciente. Según explica Abbas, el sector ha elevado consultas durante más de dos años ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, que reconoció la necesidad de facturación en este tipo de operaciones. El tema también ha sido planteado ante áreas de comercialización de Petróleos de Venezuela, desde donde se han emitido comunicaciones sin que, hasta ahora, se traduzcan en cambios concretos en las estaciones.
Ante la falta de respuesta operativa, el gremio decidió formalizar una solicitud directa de fiscalización. La correspondencia fue dirigida a Freddy Martínez, con el objetivo de que se verifique el cumplimiento de la normativa y se garantice la emisión de facturas en cada despacho de combustible.
El trasfondo de la exigencia no es técnico, es estructural. En un contexto donde el margen de maniobra del sector privado es cada vez más estrecho, asumir cargas fiscales sobre gastos no deducibles profundiza la presión. No se trata de evadir impuestos, sino de poder declararlos correctamente.
La discusión, en el fondo, revela una tensión más amplia: la distancia entre la normativa y su aplicación real. Mientras esa brecha se mantenga, el costo no lo asume quien incumple, sino quien intenta operar dentro del sistema.
